El debate oral y público para juzgar las responsabilidades de Santiago Omar Riveros, Ángel Rubén Omaechevarría, Eugenio Guañabens Perelló, Hugo Miguel Castagno, Carlos Eduardo Somoza y Carlos Francisco Villanova en delitos de lesa humanidad contra trabajadores de la empresa Mercedes Benz volvió a postergarse. El 7 de marzo debía ser la audiencia preliminar, el último acto anterior al inicio del debate, y se postergó para el 28 de marzo.
Se los acusa de la desaparición de Alberto Francisco Arenas, Juan José Mosquera, Héctor Aníbal Ratto (sobreviviente), Jorge Alberto Leichner Quilodran, Alberto Gigena, Diego Eustaquio Núñez y Fernando Omar Del Contte. Si bien todos los imputados del juicio que debe comenzar son militares, la investigación que sigue en trámite aborda la posible responsabilidad sobre esos hechos, ocurridos entre 1976 y 1977, de los directivos de Mercedes Benz, la cúpula del SMATA y funcionarios civiles, durante el terrorismo de Estado.
Un contexto de demoras
A pesar de que la Cámara Federal de Casación Penal instó a que el Tribunal Oral Federal n°1 de San Martín inicie y no demore más el debate oral, los problemas para que se integre el Tribunal Oral impidieron que se concrete la audiencia preliminar, y el posterior inicio del debate oral y público.
Recién el 6 de marzo se integró en forma completa el TOF con la designación de Nada Flores Vega, que se desempeñará junto con los jueces Daniel Omar Gutiérrez y Silvina Mayorga, luego de que el designado Marcelo Díaz Cabral fuera apartado por la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, la jueza Flores Vega con anterioridad había manifestado la imposibilidad de desempeñarse en el juicio debido al cúmulo de trabajo que debe afrontar en su tribunal de origen.
Resta además que se designe un juez sustituto, previsto por la ley para casos complejos como lo son los juicios de lesa humanidad. Agrava la situación el hecho de que las audiencias serían una vez por semana, debido a que el tribunal tiene otras causas y que la sala de audiencias es usada por otros tribunales para otros juicios.
Esta situación se da en un contexto de demoras, que los organismos de derechos humanos señalamos desde 2016 ante la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de las Causas de Lesa Humanidad. La Comisión no ha logrado resolver este problema, que no es exclusivo de la jurisdicción de San Martín. Las demoras en los nombramientos de los jueces y la integración de los tribunales orales federales, y las múltiples subrogancias que realizan las juezas y los jueces federales, contribuyen en forma directa a la demora generalizada del avance de los juicios de lesa humanidad.