El 24 de octubre de 2018, luego de una movilización al Congreso Nacional contra la sanción del presupuesto, la Policía de la Ciudad detuvo a 17 personas, entre ellas varios referentes sociales.
Cuatro de los detenidos eran migrantes. En ese momento, diversos funcionarios del gobierno nacional y de la Ciudad, así como referentes de otros partidos políticos, desplegaron una campaña comunicacional que pedía que se los expulsara del país, aunque eso implicara no respetar la ley de migraciones. Estos pronunciamientos, basados en versiones policiales, ocurrieron antes de que los hechos fueran investigados, y tuvieron una vasta cobertura en los medios de comunicación.
Cuatro meses después, el 14 de febrero, el fiscal que intervino archivó todas las actuaciones que se habían iniciado contra los 17 detenidos. Luego de revisar toda la prueba que aportó la policía, la fiscalía concluyó que no hay evidencias de que los imputados hayan arrojado piedras y/o resistido a la autoridad. El fiscal desestimó las declaraciones de los policías porque las consideró vagas e imprecisas y ordenó que se investiguen sus posibles responsabilidades penales.
Luego de la detención, Anil Baran, de nacionalidad turca, fue objeto de numerosas notas en los medios -incluidos los públicos- en las que se reproducía la amenaza de expulsarlo del país. Con el acompañamiento de la Correpi y del CELS, Baran exigió conocer qué información sobre él había sido acopiada por las autoridades y qué había ocurrido en su trámite migratorio. Hasta el día de hoy, el Estado se niega a informarlo.
En los últimos días, se agravó la situación de las personas migrantes frente al accionar arbitrario de las autoridades policiales de la Ciudad. El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal, Luis Cevasco, dictó una Resolución que obliga a los fiscales a comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones cuando una persona extranjera es citada a declarar como acusada de un delito, con el fin de que se la expulse del país. En esos casos, el o la migrante podrá “optar” entre aceptar la expulsión o seguir el proceso penal. Si esta Resolución hubiera estado vigente en octubre, los detenidos extranjeros hubieran estado frente a esa “opción”, aunque en ese momento no hubiera existido evidencia sobre su participación en supuestos hechos de violencia y aunque meses después la investigación se archivara.
Detenciones arbitrarias durante las protestas
No es la primera vez que una resolución judicial visibiliza que las detenciones realizadas por la policía en las protestas sociales son en su mayor parte arbitrarias e injustificadas. Las 20 personas detenidas luego de la marcha de mujeres del 8 de marzo de 2017 fueron sobreseídas luego de un año de proceso. Luego de la movilización contra la reforma provisional del 18 de diciembre de 2017 fueron detenidas 68 personas, 56 de ellas fueron sobreseídas. En varias oportunidades los funcionarios judiciales han desestimado la inexplicable imputación de “intimidación pública” realizada por las fuerzas de seguridad a partir de las órdenes emanadas del gobierno nacional.
También, en los últimos años se ha consolidado una práctica sistemática de agredir y/o detener deliberadamente a las personas que se encuentran registrando el accionar de las fuerzas de seguridad cuando realizan detenciones en el contexto de manifestaciones públicas. Lo ocurrido el pasado 20 de febrero durante la protesta de los trabajadores de Madygraf es la más reciente expresión de ello.
Imagen: Emergentes