El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia penitenciaria” del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por tres años. Según la resolución del Ministerio, la medida está motivada por la sobrepoblación que puede afectar la salubridad y aumentar la violencia intracarcelaria.
Con esta declaración el gobierno acepta que el sistema de encierro nacional está en crisis, situación sobre la que se alerta desde hace años. Desde 2016 las personas detenidas en el SPF aumentaron un 27%, lo que impactó en todas las unidades. Según la “capacidad operativa utilizable” declarada por el SPF, hoy la sobrepoblación es del 112%. Tal como viene observando la Procuración Penitenciaria de la Nación, desde 2014 se superó los 10 mil detenidos pero esto no afectaba a todo el sistema. La “emergencia” reconoce que la situación es gravísima y generalizada.
Según el Ministerio de Justicia, el aumento del encarcelamiento es consecuencia del éxito de políticas y reformas legislativas como las modificaciones a la ley de ejecución 24.660 y la incorporación del sistema de flagrancia que aumentó las detenciones por delitos leves.
El Ministerio no menciona que la política de drogas es un eje principal del enfoque de seguridad del gobierno. Según los datos oficiales la guerra contra el narcomenudeo es central en el aumento de detenidos/as en el SPF. La proporción de personas detenidas por infracción a la ley 23.737 aumentó en los últimos años: en 2014 los/as detenidos por ese delito representaban el 28% de la población del SPF, en 2017 son el 38%(Fuente: SNEEP). Estas políticas afectan también el encarcelamiento en las provincias. En la provincia de Buenos Aires la población encarcelada crece de manera constante. Desde 2015 aumentó un 33% la población alojada en comisarías, cárceles y alcaidías. Las y los detenidos por infracción a la ley de drogas aumentaron un 53 % desde 2014. En junio de 2018, frente al colapso del Sistema Penitenciario Bonaerense, el poder ejecutivo provincial y nacional firmaron un convenio donde se establece el traspaso de 3000 detenidos al SPF. Este traspaso no soluciona el grave problema de sobrepoblación de la provincia, donde la población carcelaria supera las 45 mil personas. Y empeora la situación en el Servicio Penitenciario Federal.
Las consecuencias de estas medidas fueron advertidas por los órganos de control y las organizaciones de derechos humanos. En su informe de enero de 2019 el Relator especial contra la tortura de la ONU llamó la atención sobre el crecimiento acelerado de la población en el sistema federal y recomendó que se determine la capacidad de alojamiento en base a los estándares internacionales -y no a la cantidad de camas disponibles. Hasta el momento, las únicas medidas que tomó el Ministerio fueron agregar camas cuchetas en celdas unipersonales y convertir espacios de esparcimiento en lugares de alojamiento.
La resolución que declara la emergencia propone continuar con las políticas de encarcelamiento al mismo tiempo que se desentiende de su impacto, traslada la responsabilidad de la crisis al Poder Judicial -que es responsable pero no de manera exclusiva- y apuesta a la construcción de más cárceles con menos requisitos formales, tal como habilita una emergencia de este tipo. Como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005, otra vez “se está jugando una carrera entre la Administración, que amplía el número de celdas disponibles, y el número de detenidos en aumento, sin que haya perspectivas cercanas de que las curvas se crucen” (“Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”).
Es fundamental que quienes fueron convocados discutan medidas que reviertan algunas de estas políticas ya que no hay posibilidad de que el hacinamiento y la sobrepoblación del SPF se reviertan si no se desacelera el crecimiento de la tasa de encarcelamiento. Para esto es necesario un plan para bajar el nivel de encarcelamiento y revisar las prisiones por delitos leves o no violentos. Además se debe convocar un espacio de trabajo que establezca cuál es la capacidad real que tiene el SPF de acuerdo con estándares constitucionales. Para esto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial pueden acordar un sistema que fije el cupo penitenciario y contenga un mecanismo para intervenir ante situaciones de sobrepoblación. Con este fin, la PPN presentó en 2013 un proyecto de ley que nunca fue tratado.
El reconocimiento de la crisis puede ser una buena medida para encarar políticas de respeto a la dignidad humana. Sin embargo, la experiencia muestra que si no se reforman las políticas la urgencia solo sirve para ampliar el sistema carcelario. La Provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo de una declaración de emergencia que no solucionó los problemas de fondo. Lamentablemente el SPF, bajo los parámetros de la declaración efectuada por el Ministerio de Justicia, se encamina a volver endémico un problema que podría resolverse.
Foto: CELS, UP Devoto, 2017.