El domingo 31 de marzo, Felipe Zegers y Gabriela Medrano, de nacionalidad chilena, fueron detenidos en la ciudad de Buenos Aires, por un operativo de la PSA y Gendarmería solicitado por la justicia federal de Córdoba. Se los acusó de planear un atentado explosivo en una actividad cultural. La detención fue promocionada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la policía provincial relacionándolos con el anarquismo. Ese mismo día fueron trasladados a Córdoba donde estuvieron privados de la libertad e incomunicados de hecho hasta que se hizo pública la noticia el martes a la mañana. Sus familiares se enteraron que estaban detenidos por las noticias publicadas en los medios de comunicación y recién cuando hubo presión pública e intervinieron organizaciones de derechos humanos comenzó a destrabarse la situación procesal. El miércoles por la tarde, tres días después, la defensa oficial logró que les tomen declaración. El juez federal no encontró elementos para sostener la acusación de la fiscalía y dictó la falta de mérito. El dispositivo que Zagers y Medrado habían dejado en un hotel era un instrumento para realizar una intervención artística; que aparentemente fue “confundido” con una bomba.
El martes, mientras tomó estado público el caso, también se conoció que los jugadores de la selección de futsal de Pakistán fueron deportados por un “error administrativo”. Estos hechos se suman a otros episodios de características similares. Personas de otros países son capturadas por el sistema penal y sus casos llevados a los medios incluyendo supuestas conexiones con el “terrorismo” o con movimientos políticos contestatarios. Luego, se sabe que los hechos que se les atribuyeron no eran tales y que esas conexiones no existían, o si existían no eran materia de persecución. En el camino, las personas estuvieron detenidas, algunas de ellas fueron maltratadas, debieron defenderse en un proceso penal y sus nombres, apellidos y lugares de residencia fueron expuestos en los medios de comunicación, sin ninguna protección.
Desde la Declaración de Emergencia en Seguridad de enero de 2016 el gobierno nacional viene intentando imponer al terrorismo y las cuestiones de “seguridad nacional” como un tema central, haciendo propias las directivas de la agenda internacional. Por un lado, utiliza al “terrorismo” como eje de su política comunicacional. Por el otro, lo usa para ampliar las facultades y debilitar los controles sobre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Es más que preocupante que el poder judicial y el ministerio público fiscal no controlen la actuación policial inmediatamente y avalen procedimientos irregulares como este en el que durante más de 48 horas ni siquiera se le dió acceso a la defensa.
Esta utilización interna del “terrorismo” crea un clima de temor y alarma injustificado que se construye con hechos de distinto tipo que no tienen nada que ver con amenazas internacionales ni con acciones de desestabilización interna: disputas por la tierra que involucran a comunidades indígenas, errores administrativos de funcionarios, detenciones de personas por portación de nacionalidad, religión o ideas políticas. Así ocurrió, por ejemplo, con dos jóvenes musulmanes capturados espectacularmente en la ciudad de Buenos Aires por una supuesta pertenencia a Hezbollah, que no existía, y con los activistas noruegos y ecuatorianos deportados durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio.
Esta acumulación de hechos está mostrando una combinación muy peligrosa entre el uso político y mediático de la estrategia de “lucha contra el terrorismo”, las rutinas policiales espectacularizantes y despreocupadas de cumplir las reglas y las limitaciones y debilidades del control judicial tanto para controlar la actuación policial como para garantizar la vigencia de los derechos.