El Estado mendocino quiere vender un terreno del departamento de Tunuyán, donde viven familias campesinas y en el que producen desde la década de 1980, una fecha que supera con creces los 20 años estipulados para la adquisición del dominio. Frente a la decisión provincial, las familias y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra presentaron una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza para impedir que se vulneren los derechos de las familias y su modo de vida campesina. Para alcanzar una solución, el Tribunal convocó a una audiencia para el 15 de abril.
La tierra destinada a la agricultura familiar está siendo constantemente disputada por grandes productores y cientos de familias son despojadas de sus territorios. En los últimos años se incrementó la venta de tierra rural a empresas agropecuarias por parte de Mendoza y del Estado nacional. A ello se suma el avance de la frontera agropecuaria, por los fuertes incentivos y beneficios a la producción agroindustrial de gran escala.
El despojo de las tierras campesinas en nuestro país es un problema que ha sido tratado en las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales intimó al Estado argentino a reforzar la seguridad jurídica en la tenencia de las tierras campesinas. También la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación se encargó de sentar una posición en un documento sobre su reciente visita al país: el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve cultivos comerciales para la exportación, socava la seguridad alimentaria de la población. Por otra parte, la reciente Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU indica que los Estados deberán adoptar “medidas apropiadas para proceder al reconocimiento jurídico de los derechos de tenencia de la tierra, incluidos los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra que actualmente no estén amparados por la ley”.
En el ámbito nacional, la Ley de Agricultura Familiar impone a los distintos niveles del Estado que afiancen “la población que habita los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas”. En consecuencia, la solución al conflicto por las tierras de Tunuyán, que respete la vigencia de normas provinciales, nacionales y del derecho internacional de los derechos humanos, es la continuidad de las familias en el predio en disputa.