La Suprema Corte de Justicia de provincia de Buenos Aires aprobó el 17 de abril el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, a través de la Resolución 707/19. Se trata de una herramienta para resguardar los derechos humanos de las familias vulnerables, que da pautas de actuación a lxs funcionarixs judiciales frente a situaciones de ocupación y/o desalojos de inmuebles, y está en línea con la Ley de Acceso Justo al Hábitat, producto de la lucha de muchos años de las organizaciones bonaerenses.
El accionar violatorio de derechos de lxs funcionarixs judiciales y la violencia de lxs miembrxs de las fuerzas de seguridad en los desalojos masivos de la provincia de Buenos Aires ha sido denunciado repetidamente por las organizaciones sociales que forman parte del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda, creado al amparo de la Ley de Hábitat y reconocido como fuente por la resolución de la Corte. Estas formas de actuación han transgredido, en muchos casos, derechos reconocidos a nivel nacional e internacional, y fueron acompañadas por la inacción del gobierno provincial, lo que contribuyó a agravar la situación de las familias. Por eso es importante que la resolución indica al Poder Ejecutivo provincial designar un organismo que coordine la aplicación del protocolo.
Se trata de un paso fundamental en la garantía de los derechos de lxs bonaerenses. Sin embargo, la función de garante del Estado se hace plena sólo cuando las familias pueden acceder a una vivienda adecuada y, por lo tanto, los sectores populares no tienen como única opción la ocupación de un lugar precario para vivir. En los últimos años esto no ha ocurrido.