El juzgado Civil n°11 de Córdoba ordenó la susbasta de 2700 hectáreas del departamento Ischilin ubicado al norte de la provincia en cercanía a las Salinas Grandes. Desde hace más de dos décadas, veinte familias de campesinos desarrollan actividades productivas y un modo de vida ancestral que se ve amenazado por la resolución judicial. Las familias, organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba, se oponen a la medida judicial ya que supondría el despojo de una tierra que poseen de forma pacífica donde producen alimentos colectivamente.
El CELS se presentó como amicus curiae para acercar argumentos del derecho internacional de los derechos humanos y de la normativa nacional que indican la necesidad de suspender el desalojo hasta tanto los derechos de los campesinos estén garantizados. Los sectores del campesinado se ven afectados por el corrimiento de la frontera agraria y el avance del modelo extractivo del agronegocio . El sistema internacional de protección de los derechos humanos ha reconocido que los y las campesinas son un sujeto preferente de protección. El año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración de Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, en la que sostuvo su preocupación “por el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que son desalojados o desplazados por la fuerza cada año”.
Si el poder judicial de Córdoba avanza con la subasta y el posible posterior desalojo, las familias que viven allí dejarán de producir miel, carne caprina y vacuna. También se perderá la producción forestal que sostienen de forma ecológica para no degradar el medio ambiente en el que viven y trabajan.