El lunes 20 de mayo por la madrugada, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, un vehículo policial persiguió a un auto en el que viajaban cuatro niñxs y un joven. Luego de una serie de disparos injustificados por parte de la policía, el auto perdió el control y chocó de frente con un camión. Fallecieron Gonzalo Domínguez, de 14 años, Camila López y Danilo Sansone, los dos de 13 años, y Aníbal Suárez, de 22 años. Según informaron las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, el accionar policial no respetó ninguno de los principios sobre el uso racional y proporcional de las armas de fuego. Por otra parte, según información publicada en diferentes medios de comunicación habrían ocurrido maniobras de encubrimiento e intentos de desviar la investigación por parte de los efectivos policiales involucrados en estos hechos, y de quienes se encontraban en servicio en la Comisaría de San Miguel del Monte. Según varios testigos, al momento de radicar la denuncia, los policías omitieron plasmar detalles relevantes del caso en las actas.
Estas muertes son consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad y de los mensajes que alientan a que la policía dispare en cualquier circunstancia. También las persecuciones de autos a los tiros fueron avaladas en reiterados casos. La tolerancia y promoción de estas prácticas conducen a que el Estado mate y a que la policía nos imponga el miedo.
Lo que ocurrió debe ser investigado por el Poder Judicial y los responsables directos, sancionados. Pero no es suficiente con que las autoridades políticas pidan la detención de los funcionarios involucrados: este hecho debería conducir a una reflexión sobre que el Estado debe, ante todo, proteger la vida y ser un antes y un después en las políticas que están implementando.
Desde el CELS acompañamos a las familias de Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliarello