La provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO), puso a la venta en diciembre de 2018 un terreno de Tunuyán, sin considerar que allí viven familias desde la década de 1980, dedicadas a la agricultura, mucho más tiempo que los requeridos para la adquisición del dominio. Las familias y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra presentaron una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza para impedir la venta del inmueble. El CELS se presentó en la causa como amicus curiae.
Las familias que poseen y habitan en ese inmueble son nueve, y junto a otras nueve se dedican a la cría de animales, la producción de hortalizas y la elaboración de conservas de cereza, pera, duraznos y vino. Mendoza y el Estado nacional incrementaron en los últimos años la venta de tierra rural a empresas agropecuarias, además de darles otros beneficios. De esta manera, las porciones de tierra destinadas a la agricultura familiar están amenazadas de forma permanente por el avance de los grandes productores en alianza con distintas esferas de gobierno.
Es importante resaltar que la DAABO intimó a las familias en 2017 a que desalojaran el terreno y las familias se negaron basadas en el derecho que tienen a la posesión. Es decir que la DAABO avanzó en la venta, un año después, teniendo conocimiento de los derechos que asistían a las familias. Debido a que en nuestro país los derechos derivados de la posesión son continuamente vulnerados y someten a las familias poseedoras a situaciones de indefensión y a vulneraciones agregadas de derechos humanos, el Congreso de la Nación, al igual que distintos órganos internacionales, consagró diversas leyes para darles una especial protección. La extensa regulación determina que las familias posesoras tienen derechos que no se pueden desconocer.
En el amicus presentado solicitamos que la Corte dicte una orden para suspender la venta del terreno hasta que se resuelva el trámite administrativo sobre la nulidad de esa acción. Entendemos que, de concretarse la venta, se avasallarán por completo los derechos de las familias, se les habrá negado el acceso a la justicia y el escenario que se abriría es de una dificultosa o imposible reparación.