El jueves 18 de julio se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. Ochenta y cinco mujeres, hombres y adolescentes murieron ese día; más de trescientos fueron heridos. Desde entonces, aunque en cada aniversario se hacen anuncios grandilocuentes, el atentado permanece impune: no hay verdad, ni justicia.
No se trata de una casualidad: una estructura política, judicial y de inteligencia hizo posibles años de encubrimiento y la impunidad del atentado. Esta compleja trama aún no fue desentrañada por completo y sus peores rasgos se acentuaron en los últimos años.
En estas más de dos décadas, un grupo de familiares y víctimas nucleados en Memoria Activa y otras agrupaciones lucharon por memoria, verdad y justicia, casi siempre en soledad. El desvío de la investigación llevó a que, en 2004, se anulara el único juicio que hubo por el atentado. Recién en 2019, el Poder Judicial confirmó que la investigación estuvo orientada desde el principio por intereses geopolíticos distintos a la identificación y sanción de los culpables.
Veinticinco años después, el gobierno instrumentaliza el caso para mostrar al país alineado internacionalmente en la “lucha contra el terrorismo”, lo que puede tener consecuencias muy serias. Invocando la memoria de las víctimas, el Poder Ejecutivo se muestra activo para definir un alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel respecto a Medio Oriente. Se trata de una decisión que sumerge a la Argentina en un escenario que no controla, al que ingresa como el partícipe más débil. Esta posición en el plano internacional no tiene correlato con las acciones que se requieren en materia de justicia e inteligencia para terminar con la impunidad y desentrañar el encubrimiento. Además, el mismo gobierno deshizo algunos de los pocos pasos que en ese sentido se habían dado tardíamente.
Después de un cuarto de siglo del atentado, y de manera similar a lo que ocurrió en 1994, el gobierno nacional sobreactúa alineamientos internacionales para no ser cuestionado por la falta de resultados concretos.
Incumplimiento internacional
Memoria Activa recurrió al sistema internacional de protección de los derechos humanos, el 16 de julio de 1999, con nuestro patrocinio. El 12 de julio de 2005, el Estado argentino reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la vida y a la justicia y formalizó con el decreto 812/2005 los compromisos de una posible solución amistosa. Ese proceso quedó trunco.
A 25 años de los hechos, el caso está incumplido por:
1) Falta de investigación del atentado.
2) Falta de investigación de un tramo del encubrimiento.
3) Falta de reparación a las víctimas.
4) Falta de las reformas institucionales, entre ellas la del sistema de inteligencia, comprometidas en el decreto 812/05.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaría en condiciones de decretar la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos reconocidas por el Estado y enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sistema de inteligencia
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri, producto del alineamiento con la agenda de Estados Unidos e Israel, promovió el juicio en ausencia y puso en duda que haya existido un encubrimiento con fines políticos del atentado. A nivel interno, el ministro de Justicia apoyó a personas actualmente condenadas por haber participado de esas maniobras y el gobierno utiliza una y otra vez la firma del Memorándum con Irán para llevar hacia allí la atención pública. En los últimos días, además, se anunció que la Argentina confeccionará un registro de organizaciones y personas identificadas como terroristas.
El desvío de la investigación del atentado fue un antecedente de las peores prácticas judiciales, las que distorsionan el debido proceso y politizan las causas penales con operaciones de inteligencia y mediáticas. El tribunal que juzgó el encubrimiento confirmó que existieron causas mellizas, legajos secretos, información de inteligencia sin sustento, arrepentidos falsos o extorsionados, pagos ilegales y detenciones arbitrarias.
Pero estas tramas del caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas. De este modo, después de todos estos años rigen el secreto y la falta de control de los fondos reservados de inteligencia y rige el acuerdo subterráneo para que la justicia federal sostenga sus vínculos con las redes de inteligencia.
El compromiso con la verdad, la memoria y la justicia exige que estos pactos, finalmente, se rompan.
Compromisos
El jueves 18 de julio, a las 9.30, las y los familiares organizados en Memoria Activa convocan a un acto en la Plaza Lavalle, enfrente de los Tribunales. Como hace 25 años, piden que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar la verdad y sancionar a los responsables. Desde hace 25 años, buscan algo más: el compromiso de todos, de la sociedad y del sistema político, para que nunca más sea posible tanta impunidad.