A través de la resolución 598/2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó un “Servicio Cívico Voluntario en Valores”. Consiste en una serie de actividades poco especificadas, llamadas “talleres”, con objetivos que abarcan “inculcar valores democráticos”, “liderazgo”, “autonomía”, “madurez”. De este modo, sin explicación, el Ministerio de Seguridad asumió objetivos del sistema educativo y de desarrollo social para los que es obvio que no tiene ninguna capacidad profesional.
Luego de desfinanciar todos los niveles del sistema educativo, el gobierno decidió que la respuesta del Estado para les jóvenes que -como reconoció la ministra Bullrich en la presentación- no pueden ni estudiar ni trabajar va a quedar a cargo de una fuerza de seguridad militarizada. La iniciativa no generará trabajo, ni formación profesional útil. El gobierno especula con que el contacto con la Gendarmería inculque a les jóvenes disciplina y orden, como si el problema fuera de comportamiento y no socioeconómico, una especie de castigo o disciplinamiento anticipado.
Se trata de otra medida que amplía espacios de intervención de las fuerzas de seguridad y armadas hacia ámbitos y tareas que no les corresponden. La decisión debe ser leída en relación con un enfoque del gobierno que instala el paradigma de la seguridad y el control en múltiples aspectos de la vida y que ahora decidió extenderlo también hacia la inclusión social.