El lunes 21 de octubre la policía de la Ciudad detuvo a seis personas durante la manifestación frente al Consulado de Chile, entre las que se encontraba nuestra compañera Myriam Selhi, del área de Comunicación. Las imputaron por daños a un vehículo que circulaba por la zona, que quedó atrapado entre les manifestantes.
Myriam estaba registrando la manifestación y el operativo policial desplegado; la detuvieron junto con les demás. La policía intentó romper su teléfono con el que había grabado detenciones violentas a otras personas, mientras les pedía sus datos para difundir las imágenes. Las detenciones fueron arbitrarias y al voleo. Estuvieron 20 horas detenides, sin que les dieran agua o alimentos, se les obstaculizó ir al baño y recién por la madrugada pudieron comunicarse con sus abogades. El poder judicial de la ciudad, sin ninguna prueba, sostuvo la detención en el relato que dio la policía. Como en numerosísimos casos en los últimos años, a les detenides el lunes les quedó abierta una causa judicial, que aunque termine cerrándose por falta de pruebas les llevará meses, tal vez años, de tener que destinar recursos en sus defensas.
Estas detenciones reproducen las prácticas de represión y criminalización de la protesta que venimos denunciando. Son detenciones arbitrarias durante manifestaciones públicas, enmarcadas en discursos de disciplinamiento que buscan asociar la protesta a la violencia con el propósito de desincentivar el derecho a manifestarse. La contracara de este esquema de intervención es que en el sumario policial no había pruebas ni estaban identificadas las personas que agredieron a les periodistes.
Foto: Rolando Andrade Stracuzzi. Gracias.