La tarde del domingo 10 de noviembre se consumó un golpe cívico-militar en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugiriera” al presidente Evo Morales que renunciara a su mandato constitucional como única alternativa para garantizar la paz, la vida y la integridad física de la población. Los militares pusieron al presidente electo ante un dilema extorsivo inaceptable: su renuncia sólo puede ser entendida como una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado.
El escenario repudiable del golpe es sumamente preocupante por el regreso a Latinoamérica de la “cuestión” militar bajo distintas manifestaciones: la militarización de la región con tareas de seguridad, la intervención en estados de excepción y el rol de los militares en cuestiones políticas. Desde el CELS, ante la convalidación de la ruptura institucional de Bolivia por parte del Ejecutivo argentino, pedimos de forma pública a diputadxs y senadorxs que condenen en una sesión de urgencia el golpe perpetrado por militares, policías y sectores civiles. Las acciones de las Fuerzas Armadas, de las policías, las expresiones racistas de grupos civiles y de sectores antiderechos de Bolivia deben provocar la reacción inmediata de los gobiernos democráticos, a través de acciones concretas y de emergencia para preservar las instituciones del vecino país. El Parlasur ya rechazó el golpe de Estado cívico-militar y declaró que desconocerá cualquier régimen que surja de allí. La CIDH, que tuvo un rol esencial en el fin de las dictaduras militares en la región, llamó a respetar el estado de derecho.
Es imperioso, asimismo, que desde los mecanismos regionales -la CIDH, el Parlasur, el Mercosur- y los órganos de la ONU inicien un diálogo con todos los Estados de la región, particularmente los que tengan frontera con Bolivia, respecto de la necesidad de protección internacional para aquellas personas que hayan sido amenazadas o que tengan fundado temor de ser víctimas de persecución, violencia y violaciones de derechos humanos. Se debe asegurar su derecho a pedir asilo o refugio y mantener las fronteras abiertas.