La derogación por decreto del Poder Ejecutivo Nacional de la Resolución 3158 de la Secretaría de Salud de la Nación, que aprobó una actualización del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, muestra la poca importancia que da el gobierno de la alianza Cambiemos a sus obligaciones de garantizar un derecho que las mujeres, niñas, adolescentes y trans tienen desde hace cien años, además de la voluntad de retroceder en materia de acceso a la salud.
Más allá de las intenciones del gobierno, la derogación del protocolo no afecta la vigencia del derecho de las personas a interrumpir sus embarazos cuando la ley lo permite, en los términos establecidos por la Corte Suprema y de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes. Este derecho debe ser garantizado en todos los servicios de salud, de todas las jurisdicciones del país.
El rol del gobierno saliente frente a los derechos sexuales y reproductivos de la población viene mostrando su amplia distancia frente a lo que significa estar a la altura de sus obligaciones. Esto se ha visto reflejado también en el deterioro del sistema de salud a nivel nacional en distintos ámbitos, con la falta de acceso a tratamientos hormonales, medicamentos para el VIH y en el acceso y producción de vacunas. Esto demuestra la necesidad de restablecer de manera urgente e inmediata la jerarquía del Ministerio de Salud, ya que su degradación al rango de Secretaría afectó su autonomía y, sobre todo, el rol clave que debe tener en el diseño e implementación de políticas públicas. El año pasado el Comité DESC de Naciones Unidas expresó su preocupación por la degradación, por las mismas razones. Sin Ministerio de Salud, el Estado pierde herramientas para asegurar los derechos de todes.
Los tratados internacionales, que en la Argentina tienen jerarquía constitucional, obligan al Estado a organizar su aparato gubernamental para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Estos mismos tratados nos aseguran el derecho a gozar de los frutos del avance científico y de las técnicas sanitarias más avanzadas. Es decir que el Estado no solo tiene la obligación de elaborar protocolos para los abortos legales, tiene además la obligación de actualizarlos. Un protocolo nacional asegura la homogeneidad geográfica y garantiza la igualdad y la no discriminación. La actualización del protocolo que el gobierno nacional dejó sin efecto, avanzaba, aunque de forma parcial, en ese mandato.
El decreto derogatorio aduce la falta de consulta a otras secretarías del Estado y de esta forma ampara en una formalidad lo que es una abierta decisión política de obstaculizar el derecho a interrumpir los embarazos cuando la ley lo habilita. Además, los argumentos son mentirosos: no es cierto que la actualización del protocolo avance sobre cuestiones que deban ser regulados por el Código Penal.