A fines de 2012 y en 2013, la familia de Luciano Arruga y el CELS denunciamos a tres funcionaries judiciales que habían tenido la responsabilidad de investigar la desaparición de Luciano.
Pasaron casi siete años hasta que en agosto de 2019 el jurado concluyó el sumario y dio lugar a la formulación de las acusaciones para que se pudiera avanzar hacia el juicio propiamente dicho, pero la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidieron no acusarlos. La familia decidió continuar, con el acompañamiento del CELS.
En los meses siguientes, a la lentitud del proceso se sumaron otras situaciones discriminatorias: el jurado fijó una fianza que la familia debe pagar para que la investigación continúe y cuando solicitamos una reunión con el presidente del tribunal de enjuiciamiento, el funcionario no permitió que la mamá y la hermana de Luciano estuvieran acompañadas por personas de su confianza, entre ellas una psicóloga. Estas decisiones fijan barreras para el acceso a la justicia y desconocen las necesidades subjetivas de las víctimas que han atravesado violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
La familia de Luciano y el CELS denunciamos a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco por las conductas que tuvieron durante la investigación de la desaparición. Castelli la delegó en la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía el antecedente de haber hostigado y torturado a Luciano, avaló irregularidades policiales y negó información de la causa a las familiares. Cejas pidió y sostuvo la intervención de los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y otres familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo. Banco ordenó esas intervenciones durante más de un año, lo que implicó una injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad e intimidad de la familia.
Dentro de pocas semanas se cumplirán once años de la desaparición y muerte de Luciano. En todo este tiempo, su familia ha enfrentado constantes obstáculos para acceder a la verdad y a la justicia: a su duelo se añade la experiencia de la impunidad por la falta de respuesta estatal. Las demoras en la investigación de les funcionaries judiciales, el abandono de la acusación, la imposición de barreras económicas y el maltrato a la familia impiden su acceso a la justicia y muestran lo costoso que es el camino que deben enfrentar las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Familiares y amigos de Luciano Arruga
Centro de Estudios Legales y Sociales