La Misión detalla, en este informe basado en testimonios de víctimas, testigues y aportes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas, los actos violentos cometidos por agentes estatales chilenos y revela una situación de violaciones generalizadas de derechos humanos, producto de una política estatal de represión en todo el país.
El escrito, disponible en su versión completa, establece que las fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con la intención de castigar y aleccionar a les manifestantes. Trae también un conjunto de recomendaciones para la garantía de memoria, verdad y justicia y para la reforma de las instituciones estatales, de forma de garantizar que estos lamentables hechos no se repitan.
Las violaciones a los derechos humanos verificadas desde el comienzo de la protesta social incluyen al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales y cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención y en las comisarías. También dan cuenta de casos de violencia sexual, de miles de personas heridas por el uso abusivo de armas menos letales y de detenciones masivas y arbitrarias, entre otras violaciones.
La Misión concluye que la situación de las violaciones a los derechos humanos en Chile no puede ser entendida sin tener en cuenta las decisiones políticas que la provocaron. Asimismo, el informe resalta que estas violaciones fueron el resultado de la adopción de medidas a toda luz inadecuadas para proteger a las personas y poner término a la violencia estatal injustificada, arbitraria y desmedida.
Participaron en la misión Artículo 19, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Perú Equidad, la Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).
Foto: Reuters