La provincia de Buenos Aires discute en este momento una reforma impositiva. El proyecto enviado por el gobierno a la legislatura propone, entre otras medidas, una serie de cambios del impuesto inmobiliario urbano y rural con el fin de actualizar los montos y otorgar una mayor progresividad al esquema de cobro de este tributo.
La política fiscal es un instrumento fundamental para el cumplimiento de los compromisos de los Estados en materia de derechos humanos. El cobro de tributos tiene un doble objetivo en ese sentido. Por un lado, asegura los recursos para implementar políticas que garanticen el acceso a los derechos de todes. Por otra parte, promueve una mayor redistribución de la riqueza y, con ello, permite construir sociedades más igualitarias con el fin de cumplir con el principio de igualdad reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El impuesto inmobiliario tiene un particular potencial redistributivo en tanto grava la renta generada por la propiedad sobre la tierra. Sin embargo, los recursos generados por la tributación sobre la propiedad inmueble son bajos en América Latina. Mientras en nuestra región giran en promedio en torno del 0.3% del PBI, en los países más ricos superan el 1% del PBI. En la Argentina la participación del impuesto inmobiliario sobre la recaudación total de ingresos de los gobiernos subnacionales se encuentra entre las más bajas de América Latina. El cobro del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires no es particularmente alto. En otras seis provincias de la Argentina la participación del inmobiliario sobre la recaudación total ha sido mayor en 2018. Al mismo tiempo, los impuestos regresivos (como ingresos brutos) son la principal fuente de ingresos provinciales.
La actualización del impuesto inmobiliario es esencial para desincentivar las prácticas especulativas del mercado inmobiliario de la provincia. La Ley de Acceso Justo al Hábitat establece que los inmuebles urbanos que se encuentren vacantes deben pagar una contribución adicional del 50% en el impuesto inmobiliario. Además de financiar un fondo específico destinado a la mejora de las condiciones habitacionales de los sectores más vulnerables, esta medida fiscal tiene como objetivo desincentivar la retención de inmuebles urbanos por parte de propietarios que se encuentran a la espera de una mayor valorización que, además se genera por las acciones normativas o de obras públicas del Estado. Este tipo de prácticas especulativas reducen la oferta de inmuebles en el mercado, y aumenta artificialmente su valor.
De tal forma, la política fiscal es un instrumento privilegiado para combatir la pobreza y la desigualdad. Mantener y reforzar su participación en la estructura tributaria es una medida fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria.
*Foto: Pablo Añeli