Las personas bajo encierro psiquiátrico constituyen un grupo de alto riesgo ante el eventual contagio del Covid-19. Esto debe a que, en general, son mayores de 65 años, presentan patologías previas (predomina la diabetes, la hipertensión y la enfermedad respiratoria), y consumen altas dosis de medicación psicofarmacológica, con el consecuente deterioro generalizado de la salud. Dicho de otro modo, las internaciones crónicas son las causantes de que estas personas sean consideradas grupo de riesgo.
En este contexto de emergencia, el Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires debe avanzar en forma urgente con políticas específicas de protección de derechos para este grupo y para las personas que desempeñan tareas en los hospitales psiquiátricos. A la fecha, la ciudad no adhirió a ninguna de las recomendaciones específicas del Ministerio de Salud de la Nación para hospitales psiquiátricos ni formuló propias.
Esta situación y la ausencia de información oficial ya fue señalada por el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental el 20 de abril.
El caso paradigmático es el Hospital José T. Borda y la situación que atraviesan trabajadorxs y personas usuarias para enfrentar la pandemia sin recursos humanos y materiales de prevención. Estos son los principales problemas relevados:
1. Ausencia de equipos de protección para lxs trabajadorxs
Las trabajadoras y trabajadores de la salud (profesionales, técnicos o personal de administración) reciben 1 barbijo descartable de duración de 3 horas, por persona, por guardia (las guardias pueden ser de 6 o 12 horas). Tampoco hay camisolines, alcohol en gel y jabón. Esto mismo ocurre en el Hospital Moyano.
Esto se suma a la carencia de recursos humanos por el alto número de licencias y al agravamiento de las condiciones de trabajo que impone, en muchos casos, la necesidad de tener doble empleo con mayor riesgo de contagio.
2. Falta de insumos para evitar el contagio de usuarixs
Las personas usuarias no reciben barbijos. Algunas cuentan con tapabocas donados por organizaciones externas al Hospital.En los baños de las salas de internación no hay jabón ni toallas descartables para el lavado de manos: la provisión depende de la compra que realizan lxs trabajadores en forma autogestiva.
3. Escasa limpieza
El servicio de limpieza se encuentra tercerizado en una empresa privada. El horario es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, las personas internadas pasan 12 horas en espacios en los que no hay limpieza ni ventilación adecuada.
4. Ausencia de controles en los reingresos
Las salidas y las visitas no están permitidas. No obstante, si una persona sale del Hospital, al regresar es derivado al servicio en el que se encontraba. No se toman medidas de resguardo o prevención hacia las demás personas de la sala, excepto el registro de la temperatura corporal.
5. Deterioro de los tratamientos y falta de comunicación
Los tratamientos se redujeron a la intervención médico psiquiátrica farmacológica. Se suspendieron todos los abordajes psico sociales, los dispositivos grupales de inserción comunitaria, talleres, así como el ingreso de acompañantes terapéuticos y terapistas ocupacionales.
La comunicación de las personas usuarias con familiares y representantes legales (curadores y defensores) es escasa cuando no inexistente, lo que recrudece la situación considerando que no se realizan visitas. En algunos servicios no se dispone de una línea de teléfono fija y la comunicación depende de los teléfonos celulares de lxs trabajadorxs.
A esta grave situación, se agregan las históricas condiciones de vida que aún permanecen en el manicomio como la convivencia con animales, la presencia de jaurías de perros en el predio, la ausencia de fumigaciones eficientes, la falta de repelentes y de mosquiteros para evitar la transmisión de Dengue y la mala calidad de la comida de escasas porciones.
Estamos en el año 2020. Lejos de cumplirse el plazo planteado por la Ley Nacional de Salud Mental para el cierre definitivo de los hospitales psiquiátricos y su sustitución por ámbitos de atención en la comunidad, la situación descrita muestra graves vulneraciones al derecho a la salud y mayor precarización de la vida.