Más del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El dato se desprende de la encuesta realizada a la población migrante y refugiada en nuestro país que realizamos desde el espacio Agenda Migrante 2020. El análisis refleja la suma de quienes quedaron excluidxs por residir en la Argentina desde hace menos de dos años (49%), y quienes lograron inscribirse pero no se lo otorgaron (31%).
Desde Agenda Migrante 2020, un espacio conformado por más de 100 organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas, hicimos llegar a distintas autoridades del Estado nacional recomendaciones para la atención urgente de la población migrante y bajo protección internacional en este contexto y su inclusión en los planes de contención socio-económica que ya están en marcha y los que se desarrollen a futuro. Consideramos imperioso revisar y ajustar las condiciones de acceso a los programas de protección en el contexto de la pandemia del Covid-19 para alcanzar a toda la población migrante, solicitante de asilo y refugiada que habita en nuestro país.
El actual contexto de emergencia sanitaria suma nuevas dificultades y obstáculos para el acceso a derechos de la población migrante en nuestro país. Los resultados de la encuesta muestran un cruce entre pobreza y tiempo de residencia. Los recién llegados están entre los más afectados por la crisis al tener menos redes de apoyo y laborales. El 77% de las respuestas recibidas indican que tampoco reciben ayuda ni beneficios sociales de ningún tipo. El 35% de las personas encuestadas dejaron de percibir ingresos y el 64% tuvo problemas para pagar el alquiler: tenían menos de 2 años de residencia en el país.
La encuesta alcanzó a 850 personas migrantes y bajo protección internacional durante cinco días. De ellas, el 62,5% son mujeres, el 34% varones y el 3,6% se identificó dentro de la población LGBTIQ. El 67% tiene entre 25 y 45 años. Por otro lado, la mayor parte de la muestra proviene de la provincia de Buenos Aires, el 38%, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 36% y el 18% de Córdoba. Alrededor del 95% se definió como migrante, mientras que el resto se englobó en alguna de las categorías ligadas a la protección internacional.
Recomendaciones
Es urgente la revisión de los requisitos de acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ello exige, puntualmente, eliminar la condición de 2 años de residencia regular en la Argentina.
Es necesaria su inclusión en los planes sociales, sobre todo de alimentación –como los comedores– y vivienda –para prevenir desalojos. Sólo el 28% tiene trabajo formal y el 58% indicó que al iniciarse el aislamiento dejó de percibir un ingreso.
Debe habilitarse un mecanismo de regularización accesible, ágil y sin costo para este período. Cerca del 30% no tiene residencia otorgada y está expuesto a mayor precariedad. En muchos casos, necesitan hacer trámites durante el aislamiento o en los próximos meses. Nos sumamos al pedido global de #RegularizaciónYa también en la Argentina.
Hasta que ello se concrete, volvemos a insistir en la figura del “habitante”, ya prevista como portadora de derechos en nuestra Constitución Nacional, y eliminar distinciones que imponen un acceso diferencial a derechos básicos en un contexto de emergencia sanitaria. Es preciso asegurar la inclusión de las personas extranjeras que residen en la Argentina en los planes de contingencia y contención socio-económica desarrollados por el Estado para atender la situación de emergencia generada por la pandemia de COVID19.
Es preciso que, ante la situación de emergencia, el abordaje de las políticas sea integral, y que todas las áreas implicadas trabajen en un mismo sentido hacia la búsqueda de soluciones a las problemáticas que atañen a la población migrante y refugiada presente en la Argentina.