El 8 de abril, en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, la ministra de Seguridad Sabina Frederic informó que “todas las fuerzas, incluyendo la Gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social, sobre todo detectar las zonas en donde esto es preponderante. Esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones”.
Por medio de un pedido de información, presentado el viernes 10 de abril, solicitamos conocer cuál es el marco legal (decretos, disposiciones, resoluciones, normas internas) en el que se están realizando las tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales: cuál es su contenido, quiénes las están desarrollando, con qué parámetros y con qué mecanismos de control. También requerimos informes sobre la normativa que define “fuentes abiertas” y “redes sociales”, con qué palabras se realizan las búsquedas y qué acciones se realizan a partir de los resultados, entre otras cuestiones.
La realización de tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas (Open Source Inteligence-OSINT) y en redes sociales (Social Media Intelligence-SOCMINT) puede afectar los derechos de quienes interactúan en el ámbito digital. Que estas tareas de vigilancia se realicen sobre contenidos que les usuaries colocan en el espacio público, “abierto”, no convierte de manera automática el trabajo de inteligencia o vigilancia en legal. La actuación estatal orientada a este tipo de vigilancia o inteligencia, aun cuando se trate de situaciones de emergencia, debe quedar ceñida a los criterios convencionales y constitucionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
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