Desde Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS pedimos a la Cámara Federal de Casación Penal que se reanuden los debates en los que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar bajo un mecanismo que preserve la integridad de las partes y brinde la publicidad adecuada de estos juicios. Lo hicimos a través de una nota, en apoyo al pedido que hizo en el mismo sentido la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 28 de abril.
Somos querellantes institucionales en diversas causas donde se investigan esos delitos y entendemos que, de acuerdo a la acordada dictada por la Cámara, se encuentran en condiciones de continuar su actividad procesal los juicios que se encuentran con el debate clausurado y en su etapa final. Son los casos de los juicios conocidos como ESMA IV y Brigada de San Justo, que tramita en La Plata.
También coincidimos con la solución propuesta por la Procuraduría para evaluar y planificar la continuidad de los restantes juicios orales que se encuentran en etapa de producción de pruebas o pendientes de inicio. Sobre este punto, enfatizamos la importancia de diseñar e implementar un dispositivo específico de asistencia y acompañamiento a personas que revisten la doble condición de ser testigos y sobrevivientes del terrorismo de Estado o familiares de personas víctimas de desaparición forzada, con el fin de evitar su revictimización y con especial atención a su salud psicofísica en este particular contexto de aislamiento social.
Solicitamos, en consecuencia, que se inste a los tribunales federales a reanudar la tramitación de los procesos donde se juzgan responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. También, que se convoque a la comisión interpoderes –sin actividad desde el año 2016– para atender inmediatamente la situación de estos juicios donde la responsabilidad del Estado argentino se encuentra comprometida. Y finalmente, que se conforme una mesa de trabajo interdisciplinaria para elaborar protocolos para la realización de estos juicios, que respeten los derechos de los imputados y el derecho al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
Lea la nota presentada en este enlace.