Las Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS solicitamos ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.
Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que “se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente”.
Desde antes de la declaración de la emergencia sanitaria, estos juicios se encontraban con serios problemas estructurales y sufrían graves demoras en el inicio y desarrollo de los debates orales, así como en las instancias de revisión de sentencias ante la Corte Federal de Casación Penal (CFCP) y ante la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Creada especialmente para tal fin, la Comisión Interpoderes –que no se reúne desde 2016– es una herramienta fundamental para planificar el desarrollo de los juicios orales que se encuentran en plena etapa de producción de pruebas o pendientes de inicio. En este sentido, solicitamos al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que realice la convocatoria inmediata para darle una pronta respuesta a la situación.
El pasado 30 de abril también solicitamos a la Cámara Federal de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social. Ayer, Casación recomendó a los tribunales orales la prosecución de los juicios que están en condiciones de reanudarse.
En este marco, es clave la intervención de todos los poderes para garantizar la continuidad del proceso de Memoria Verdad y Justicia que los familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar venimos reclamando desde hace más de cuatro décadas.