En la madrugada del 20 de mayo de 2019, en San Miguel del Monte, dos móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron una persecución contra un auto en el que iban Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Rocío Quagliarello.
Según la investigación judicial, la persecución fue realizada por los efectivos policiales Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal e Mariano Alejandro Ibáñez. García y Monreal dispararon al vehículo con sus armas de fuego reglamentarias; una de esas balas hirió a Gonzalo. El terror que generaron los disparos y la velocidad con que les perseguían, provocó que el Fiat 147 chocara contra un camión que estaba estacionado. Aníbal, Danilo, Gonzalo y Camila no sobrevivieron al choque. Rocío estuvo hospitalizada durante más de un mes y sobrevivió.
Actualmente, los cuatro efectivos policiales que intervinieron en la persecución están acusados por el homicidio agravado de Aníbal, Danilo, Gonzalo y Camila, y por la tentativa de homicidio agravada de Rocío.
En las horas posteriores a la persecución y la agresión policial armada, según la reconstrucción del fiscal Lisandro Damonte, dentro de la fuerza policial y de la intendencia de San Miguel del Monte se tejieron maniobras de encubrimiento con el fin de obstaculizar la investigación que incluyeron falsear declaraciones testimoniales y documentación oficial. Por estos hechos se encuentran imputados otros ocho efectivos policiales y el entonces subsecretario de Seguridad del Municipio. La fiscalía también imputó a otros grupo de policías y a funcionaries de la intendencia de San Miguel del Monte, incluida la entonces intendenta, Sandra Mayol, acusades de maniobras para encubrir. Hace algunas semanas, el fiscal resolvió dar por terminada la investigación de los homicidios y el primer tramo de encubrimientos, por lo que ya se encuentra en condiciones de solicitar la elevación a juicio oral.
El CELS interviene en el proceso desde septiembre de 2019, como querellante institucional, acompañó a los equipos de atención que brindan asistencia individual y grupal a las víctimas y brinda asistencia psicoterapéutica a una de las familias.
Lo ocurrido en San Miguel del Monte puso al descubierto los problemas que persisten en la organización de los operativos policiales, en cómo se realizan las persecuciones vehiculares, en los controles sobre el uso de la fuerza letal y en el funcionamiento de los sistemas de control interno de las policías y externos a cargo del poder político.
Este terrible hecho que terminó con la vida de tres niñes y un joven, y puso en grave riesgo la salud de una nena, conmocionó a toda la sociedad y dejó claras evidencias de las consecuencias graves del endurecimiento de las políticas de seguridad. Pero ya pasó un año y aún sigue pendiente la implementación de políticas destinadas al control del uso de la fuerza por parte del personal policial. En este primer aniversario acompañamos a familiares y amigues de Aníbal, Danilo, Gonzalo, Camila y Rocío.