El 1 de junio la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal de funcionarios y policías por las muertes provocadas por la represión el 20 de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires. Entre las condenas confirmadas se encuentran la de Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa; la de Jorge Santos, exjefe de la Policía Federal Argentina; la de Raúl Andreozzi, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, y la de Norberto Gaudiero, quien se encontraba a cargo de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza.
El fallo confirmó la resolución del Tribunal Oral Federal n° 6, que el 23 de mayo de 2016 había condenado a Mathov a 4 años y 9 meses de prisión, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 9 años y medio, por el homicidio y las lesiones culposas de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna. Por esos tres asesinatos también fueron condenados Rubén Santos, a 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante 8 años; Raúl Andreozzi, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años y Norberto Edgardo Gaudiero, a 3 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años.
El fallo de la Cámara, firmado por les jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, concluye que “los resultados lesivos (muertes y lesiones), corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido.” Y remarca que la autoridad política debe “evitar excesos por parte de la fuerza”.
Sin embargo, les jueces consideraron que los montos de las penas de Mathov, Santos y Guadiero deben ser revisados. De esta manera, las víctimas deberán seguir discutiendo y esperando una respuesta definitiva. La pena de Andreozzi fue confirmada.
La Casación también confirmó la condena a Omar Alberto Bellante por el asesinato de Gustavo Benedetto; la condena a Ariel Gonzalo Firpo Castro, Roberto Emilio Juárez y Carlos José López por el homicidio de Alberto Márquez y las heridas de Paula Simonetti y Martín Galli, aunque el monto de la pena de Lopez deberá ser revisado. Por los hechos que damnificaron a Marquez, Simonetti y Galli la Casación también confirmó las absoluciones de Orlando Juan Oliverio, Mario Andrés Seia, Eugenio Figueroa, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Norberto Pablo Sabbino y sobreseyó a Jorge Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte. Quien mató a Alberto Marquez quedó impune. Finalmente, se confirmó la condena por abuso de arma de Víctor Manuel Belloni, aunque también se debe revisar el monto de su pena.
Una investigación mala y lenta que mantiene aun abierto el proceso de justicia
La resistencia a investigar la represión del 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires y a juzgar las responsabilidades penales se advierte en la pésima investigación que se hizo, una cuestión que fue mencionada en la sentencia del Tribunal Oral n°6. También, en las excesivas e injustificadas demoras para llegar al juicio y, luego, para que Casación confirme la sentencia. Todavía hoy, casi veinte años después de los hechos fue necesario que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las acompañamos ejerzamos presión para que se emitiera un fallo después de cuatro años de una demora inexplicable. Esperamos que las instancias judiciales que deben intervenir ahora, en la revisión de las penas, lo hagan de manera rápida y eficaz.
La denuncia que presentamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego del sobreseimiento en 2014 del expresidente Fernando de la Rúa, quien tomó las decisiones que dieron lugar a la brutal represión, continúa su trámite.