El 31 de mayo en la ciudad de Fontana, efectivos de la Policía de Chaco protagonizaron otro hecho grave de violencia y discriminación hacia comunidades indígenas. Un grupo de policías de la comisaría 3ª, varios de ellos sin uniforme, irrumpió en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, en horas de la madrugada y les torturaron, golpearon y humillaron.
Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron hechos de violencia policial contra integrantes de las comunidades indigenas, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio. El registro de numerosas situaciones abusivas en diversas ciudades de la provincia motivó la presentación de un hábeas corpus por parte del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia que no fue tenido en cuenta por el Supremo Tribunal provincial.
El tratamiento policial violento y discriminatorio en Chaco no comenzó ahora sino que tiene una larga data. En la publicación Hostigados, de 2016, dimos cuenta de la violencia que la policía provincial ejerce sobre integrantes de comunidades indígenas en Resistencia y Fontana. Con el comienzo de la cuarentena esta situación se agudizó.
El gobierno provincial estableció canales de diálogo para intervenir en muchos de estos conflictos, atendió a víctimas, condenó el gravísimo episodio del domingo y por el momento solo suspendió a los efectivos involucrados quienes, por otro lado, no fueron detenidos. Pero está claro que para modificar estas prácticas de la policía provincial hace falta un abordaje mucho más profundo que implique reformar en serio la institución policial y las políticas de seguridad. Si no se encara esta cuestión central, siempre se estará haciendo, a lo sumo, un control de daños.
El primer paso es controlar efectivamente la actuación policial, ya sea desde el ámbito judicial como político. La provincia arrastra déficits en el funcionamiento de la Fiscalía especializada en derechos humanos, que tiene que desarrollar capacidades reales de investigación, y en el órgano de control institucional de la policía, que debe ser una instancia externa a la policía y rendir cuenta de sus acciones.