El jueves 11 de junio fue sancionada una ley de alquileres, después de años de trabajo de les inquilines y de muchas organizaciones. La ley le otorga un mayor nivel de previsibilidad a las más de ocho millones de personas que alquilan. Además, pone al Estado en un lugar central para fiscalizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones y para promover una mejor y mayor accesibilidad al mercado de alquileres. En los últimos quince años, la vivienda en alquiler ha crecido como opción de acceso al hábitat. Según los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares, en la mayoría de las grandes ciudades argentinas el porcentaje de hogares que alquilan la vivienda aumentó a más del 25% . En la Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Cuarto ese porcentaje supera el 35%.
Los principales puntos de la ley son:
- Extiende la duración mínima del contrato de 2 a 3 años.
- Regula la actualización de precios de acuerdo a un índice oficial que promedia evolución de salarios e inflación.
- Obliga a les propietaries a declarar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además de aportar a la regularización fiscal, esta medida permitirá contar con información esencial para implementar políticas públicas focalizadas en la población inquilina.
- Establece que las expensas extraordinarias y gastos de mantenimiento de la vivienda deben quedar a cargo del propietarie.
- Crea el Programa Nacional de Alquiler Social para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente de mujeres en situación de violencia de género, jubilades y pensionades.
En contraste con estas mejoras, el proyecto también amplía el universo de casos en que se permiten los procedimientos abreviados de desalojos. Esto es problemático en sí mismo, pero lo es aún más en un momento donde miles de hogares inquilinos han perdido su fuente de ingresos y deben endeudarse para sostener sus gastos esenciales.
Es fundamental que el Estado amplíe las medidas adoptadas hasta hoy para proteger a la población inquilina. En marzo, a través del decreto 320/20, el Poder Ejecutivo congeló los precios de los alquileres y suspendió los desalojos hasta fin de septiembre. Es necesario que se extienda el plazo del decreto y, además, se adopten medidas de ayuda económica para aquellos hogares que han perdido su fuente de ingresos y deben sostener el pago mensual de un alquiler.