En la Argentina, la producción de alimentos está orientada hacia la maximización del agronegocio. Sus características son: concentración de la tierra, desmonte, monocultivo, semillas transgénicas, utilización masiva de agrotóxicos. Las consecuencias negativas de este modelo en la alimentación, la salud y el ambiente afectan a todes.
Al anunciar la intervención de la empresa agroexportadora Vicentín, y el envío al Congreso de un proyecto para su estatización, el presidente Alberto Fernández planteó que se trata de un paso hacia la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es un programa que articula, desde hace más de 25 años, la propuesta de las organizaciones de la agricultura campesina y campesina-indígena para enfrentar el avance del capital financiero sobre la producción agrícola y la consecuente transformación de los alimentos en meras mercancías y commodities. La propuesta campesina se basa en que las formas de producción, distribución, comercialización y consumo de los alimentos deben priorizar el bien común y no la maximización de rentas.
El programa de la soberanía alimentaria propone modos de vida, de producción y de consumo que no sean arrasadores y extractivistas. Reclama también el derecho a conocer el origen de lo que comemos y a acceder a alimentos de calidad a un precio razonable, relacionado con los costos de producción y no con la cotización internacional. Y considera que las formas sustentables y estratégicas de producción no pueden atentar contra la ecología, el ambiente, ni los modos de vida de las comunidades.
Luego de décadas de lucha, el movimiento campesino logró que la soberanía alimentaria sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como la estrategia para terminar con el hambre en el mundo. Y que las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, en diciembre de 2018.
La soberanía alimentaria requiere la intervención activa del Estado y políticas públicas que protejan los modos de vida y de producción campesinos-indígenas, que garanticen que las comunidades puedan permanecer en las tierras que habitan y que trabajan, sin hostigamiento ni amenazas de desalojos, y que fortalezcan el tejido organizativo y cooperativo.
Son políticas activas que desconcentren el sistema agroalimentario y modelen la producción y la demanda las que pueden favorecer el acceso de todes a alimentos de buena calidad.
Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra
Centro de Estudios Legales y Sociales
Foto: Matías Sarlo.