Los presidentes de las comunas 4 y 8 de la Cuidad de Buenos Aires presentaron un amparo colectivo que busca que el Gobierno de la Ciudad pongan en funcionamiento un protocolo específico de prevención del Covid-19 en villas y asentamientos y para tratar a quienes enferman.
El juez Darío Reynoso obligó al GCBA a presentar un protocolo y a adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso a elementos sanitarios, agua potable, espacios adecuados de aislamiento, la higienización de espacios de uso común y la difusión de información esencial. Estas obligaciones alcanzan a todas las villas y asentamientos de la Ciudad. El juez también convocó a una audiencia pública el martes 2 de junio, de la que participamos junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organismos públicos de defensa, organizaciones sociales y la legisladora Ofelia Fernández.
En la audiencia señalamos que el protocolo que el GCBA presentó no tiene la precisión necesaria y pedimos que lo modifique para:
- garantizar cuestiones básicas vinculadas a la atención a las personas sospechadas de contagio y con contagio confirmado: condiciones adecuadas para el testeo, la espera de los resultados y el informe sobre la situación de salud; condiciones adecuadas de aislamiento para los contactos estrechos; atención de los cuidados que la persona aislada no puede ejercer, y de la tenencia de su vivienda durante su ausencia temporal; medidas de protección de la identidad y la privacidad durante todo el proceso.
- crear mecanismos específicos para impedir posibles desalojos de inquilines, en cumplimiento del decreto 320/20, que debe extenderse a todos las formas de inquilinato que existen en la ciudad.
- incluir un diseño institucional que garantice el retiro inmediato de aquellas personas que fallezcan en sus casas y que informe a la comunidad qué medidas de protección deben tomarse si ello sucede en un domicilio. Además, pedimos que se garantice una amplia difusión sobre los canales de atención existentes para que el GCBA asuma el costo del traslado de la persona fallecida.
- contemplar un dispositivo de monitoreo social para garantizar la efectividad del cumplimiento del protocolo.
- incluir explícitamente a los conjuntos habitaciones que tienen problemáticas específicas graves.
- definir con qué mecanismos se va a articular con otros niveles estatales, especialmente con el Estado nacional, entre los organismos estatales competentes de la ciudad de Buenos Aires (por ejemplo, entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y el Ministerio de Salud) y entre éstos y las organizaciones sociales.
Al finalizar la audiencia se conformó una mesa de trabajo integrada por todos los actores de la parte demandante, y por representantes de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Humano y Hábitat y de Espacio Público y Medio Ambiente del gobierno porteño para continuar discutiendo el protocolo. El próximo sábado 6 de junio, el gobierno de la ciudad presentará una nueva versión sobre la base de las indicaciones que efectuamos las organizaciones sociales.
Foto: La Poderosa