La pandemia del COVID-19 ha obligado a los gobiernos a tomar iniciativas contra el hacinamiento en las cárceles. En muchos casos, el arresto domiciliario fue adoptado como alternativa para disminuir los riesgos de brotes y contaminación masiva en el encierro. Sin embargo, el informe conjunto Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina demuestra que este tipo de detención, aunque menos restrictivo que el encarcelamiento, constituye una forma de privación de la libertad y es una de las alternativas más gravosas para la persona que la recibe.
El estudio se enfoca en los impactos del arresto domiciliario en las mujeres de América y demuestra la necesidad de otras opciones que el encarcelamiento con un enfoque particular en la población femenina. En las últimas dos décadas, la población de mujeres privadas de la libertad en la región ha aumentado y la mayoría de ellas vienen de situaciones de pobreza y exclusión social. En distintos testimonios, relatan cómo los desafíos relacionados con el arresto domiciliario generalmente quedan invisibilizados: a una que se encontraba en trabajo de parto le dijeron que debía esperar la autorización de la corte para ir al hospital, otras comentan que al menos en las prisiones tenían garantizado qué comer.
El reporte es resultado de una colaboración entre organizaciones de derechos humanos incluyendo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Pro Bono, la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).