En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 16 de lxs presxs políticxs detenidxs en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron asesinadxs por integrantes de la Armada Argentina: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho.
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar también fueron fusiladxs pero lograron sobrevivir y dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecidxs por la última dictadura cívico-militar. Todxs ellxs eran militantes de las organizaciones político-militares FAR, ERP, Montoneros, que lograron fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las fuerzas armadas.
En 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su responsabilidad en la “Masacre de Trelew”. Roberto Guillermo Bravo, uno de los ejecutores que tuvo un rol preponderante, no pudo ser juzgado aún porque se encuentra prófugo en los Estados Unidos.
En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presxs políticxs y no una defensa de los marinos ante un supuesto intento de fuga de la base aeronaval, versión que trató de instalar la dictadura de aquel entonces. Las pruebas incorporadas mostraron, además, vínculos directos entre las dictaduras de 1966 y 1976, tanto en los métodos empleados (torturas, secuestros, asesinatos) como en la identidad de las víctimas. Muchxs de lxs presxs políticxs de comienzos de los 70 posteriormente fueron secuestradxs, asesinadxs o desaparecidxs. En la sentencia se determinó que los delitos cometidos por la dictadura de Alejandro Lanusse constituyeron crímenes de lesa humanidad porque formaron parte de una persecución sistemática y generalizada contra una parte de la población civil.
La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó la absolución Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre. Actualmente se encuentra pendiente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún no se pronunció, a pesar de contar con un dictamen favorable a la confirmación de la sentencia por parte de la Procuración General de la Nación desde abril de 2016.
Mientras tanto, seguimos con mucha atención el nuevo proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos, que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia. En marzo de este año el fiscal de distrito de Miami, Florida, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición. En su memorial, el fiscal descartó que se haya tratado de la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre EE.UU. y la Argentina. También destacó que lxs familiares de las víctimas de la masacre de Trelew esperaron la mitad de su vida por justicia y que Bravo evadió a la justicia por todo ese tiempo. Concluyó que “Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo”.
Desde el CELS acompañamos a lxs familiares de las víctimas en este nuevo aniversario, exigimos con ellxs justicia y la pronta extradición de Bravo para que sea juzgado con todas las garantías del debido proceso en la Argentina.