El 30 de septiembre vence el DNU que prohíbe los desalojos y prorroga de manera automática los contratos de alquiler. Se trata de una medida que apuntó a alejar por un tiempo la amenaza del desalojo por falta de pago y a congelar los aumentos por un plazo de seis meses. En este momento de gran incertidumbre para los hogares que alquilan sus viviendas es acuciante extender el DNU al menos hasta el 31 de marzo.
Luego de seis meses de medidas para mitigar los efectos de la pandemia, la situación económica de los hogares inquilinos, que ya venía deteriorándose, empeoró por la reducción o interrupción de los ingresos combinada con la necesidad de hacer frente al pago del alquiler. Según los resultados de una encuesta que hicieron el CELS y el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín en el AMBA el 66,6% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y el 42.3% tiene deudas de alquiler. El DNU vigente, por otra parte, no suspendió los aumentos sino que difirió su cobro. Esos aumentos no cobrados se vienen acumulando como deuda suplementaria que deberá ser pagada una vez que venza el decreto, es decir a fin de mes.
La prórroga del decreto, si bien no soluciona la crisis económica y habitacional de amplios sectores sociales, al menos aleja la amenaza de un pronto desalojo. La crisis que atraviesan los hogares inquilinos para sostener sus viviendas y no atrasarse con el alquiler debe ser leída junto a otras decisiones económicas que toman las familias en este contexto precario. El 66,5% de los hogares inquilinos tuvo que endeudarse en el último mes. Esos préstamos fueron utilizados principalmente para cubrir gastos cotidianos, pagar deudas a familiares o amigos y el pago de expensas e impuestos. El 48.7% afirmó que debe destinar una mayor parte de sus ingresos para cubrir el alquiler.
Cuando la crisis se profundiza y la situación de los hogares se agrava por las deudas acumuladas es indispensable que medidas como la suspensión de los desalojos y de aumentos se sostengan, para dar mínimas garantías de vivienda a una enorme cantidad de hogares en el país. Sobre todo cuando la vivienda es la condición principal para preservar la salud y la vida.
Según la encuesta, la perspectiva de las y los inquilinos sobre su futuro es pesimista. El 43.8% piensa que deberá empeorar su calidad habitacional y tomar decisiones que implican hacinamiento o un mayor uso del transporte público, dos consecuencias que van en contra de las medidas contra la pandemia. De ese 43.8%, un 18,6% afirma que se irá a vivir con otros parientes, un 15% se irá a una vivienda más chica, un 7,1% se irá a una vivienda alejada de su vida cotidiana y un 3,1% se resignará a vivir en una vivienda más precaria. En todos los casos, se trata de un deterioro de las condiciones de vida.
La situación de muchas personas presentes en las tomas de tierra recientes se vincula a este sistema de acumulación de deudas, bajos ingresos y gastos habitacionales fuera de proporción. Es la realidad cotidiana de los sectores inquilinos más vulnerables, muchos de los cuales viven en hoteles, villas, con contratos de alquiler irregulares o inexistentes, que ante la falta de mecanismos efectivos de denuncia, con frecuencia tienen dificultades para exigir el cumplimiento del decreto. Junto con la necesaria extensión del DNU 320 es urgente tomar medidas efectivas de protección de los hogares más vulnerables.