En los últimos días, en la zona del Lago Mascardi reaparecieron las reacciones violentas hacia las comunidades mapuche que reivindican sus derechos ancestrales. En el momento en que el Estado nacional comienza a revisar algunas prácticas violentas e ilegales del pasado reciente y a promover espacios de diálogo y mediación, un grupo de actores políticos y mediáticos apoyaron públicamente el uso de la violencia hacia las comunidades por parte de particulares. Esta respuesta no es una novedad sino una de las formas más tradicionales en que se ejerció y se sigue ejerciendo violencia contra estas comunidades.
Esta escalada pretende condicionar la posibilidad de que el Estado proponga otro tipo de vínculo y avance en las políticas de restitución de los derechos territoriales a las comunidades originarias, tantas veces invocadas y nunca efectivizadas. La falta de respuesta a sus demandas tiene que ver con la fuerza que han tenido los intereses privados, muchas veces con anuencia de los gobiernos locales y de intereses nacionales, vinculados al desarrollo inmobiliario, a la extensión de las explotaciones agroindustriales o forestales y que utilizan vías de hecho ilegales, como la obstaculización de caminos o la instalación de alambrados, y desatan procesos de criminalización de las comunidades que se organizan para reclamar o resistir a esas prácticas. La falta de avances significativos en la implementación de la ley 26.160 que en 2006 suspendió los desalojos de territorios habitados por comunidades indígenas y ordenó su relevamiento en todo el país con miras a su restitución es un ejemplo de las deficiencias de los Estados nacional y provinciales para implementar medidas que resuelvan la cuestión
El abordaje de estos conflictos requiere que el Estado se comprometa abriendo espacios en los que se canalicen las demandas, se acerquen posiciones y se garanticen derechos. Hasta el momento, las iniciativas en este sentido del gobierno nacional, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio del Interior, el INAI y la Secretaria de Derechos Humanos, no han sido acompañadas por los poderes ejecutivos y judiciales de las provincias, cuya presencia es fundamental para encontrar vías de solución a los problemas de fondo que están planteados. Estos espacios son boicoteados por actores políticos que buscan desgastar y deslegitimar esta vía del diálogo. La agenda que subyace a estos pronunciamientos es el regreso a la política de violencia estatal, criminalización y construcción de enemigos internos.
Foto: Al Margen
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