Como organismo de derechos humanos que observó los sucesos políticos en Bolivia atentamente en el contexto de la salida forzada de Evo Morales, el CELS dio una presentación en la CIDH sobre la actuación de las autoridades cuando tomaron conocimiento de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades bajo el mando de Jeanine Añez abandonan las víctimas y sus familiares, instauran medidas paliativas que no reparan, y revictimizan a quienes sufrieron hechos de violencia.
Mencionamos los casos de Sebastián Moro, periodista argentino, quien trabajaba en una radio del movimiento campesino que fue atacada en noviembre de 2019. Su director fue torturado. A Sebastián se lo encontró inconsciente un día después, con señales de golpes. Falleció después de seis días en el hospital y fue cremado sin autopsia, como dice la ley. La alcaldesa de Vinto Patricia Arce fue torturada públicamente; estas imágenes recorrieron el mundo, y sin embargo sigue siendo humillada y amedrentada. La detuvieron por motivos fútiles en plena pandemia, amenazaron a su hija, le envenenaron los cuatro perros, y rechazan los estudios psicológicos que dan cuenta de su sufrimiento por los ataques sufridos. Otro periodista argentino, Facundo Molares sufre de hipertensión arterial, edema pulmonar, lesión renal grave y pérdida parcial de la visión y lleva casi diez meses en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad. Su familia denuncia que lo acusan sin pruebas y ruega por su libertad, dado que su situación de salud es gravísima y corre riesgo de vida.
Patricia Hermosa, Ayben Huaranca, Lucy Escobar, Osvaldo Gareca, Remy Cañiz son algunas de las muchas personas detenidas con prisión preventiva, en causas políticamente motivadas. La mayoría fue torturada y no hubo ningún canal de denuncia. Denunciamos que el traslado a prisión domiciliaria, ampliamente utilizado, no repara el daño sufrido, ni hace cesar la privación arbitraria de la libertad.