La gran mayoría de quienes ocuparon el predio de Guernica, y fueron desalojades con violencia, vivían en los alrededores de la toma en condiciones insostenibles. Familias hacinadas, personas que ya no pudieron pagar un alquiler, desocupades, y mujeres que sufrían violencia machista. Estas familias necesitan con urgencia acceder a un pedazo de tierra donde desarrollar sus vidas. No pueden hacerlo porque ni en el municipio de Presidente Perón, ni en la provincia de Buenos Aires, hay oferta de tierra accesible para los sectores populares. Sólo esta impotencia explica la decisión de miles de familias de ocupar una porción de tierra y someterse, y en muchos casos someter a niñes, a vivir durante meses en condiciones de extrema precariedad, sobre la que se agregó la criminalización que fue la respuesta al conflicto.
La provincia y el municipio ya cuentan con herramientas legales suficientes para hacer frente a este problema, para generar oferta de suelo accesible y que todos los sectores sociales puedan acceder a la tierra.
La ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat es una ley provincial aprobada en 2012 que creó instrumentos de gestión urbana para generar oferta de suelo accesible. Uno de estas herramientas es la Participación Municipal en las Valorizaciones Inmobiliarias que establece que los municipios deben obligar a los grandes emprendimientos urbanos, entre ellos, los countries, a ceder un 10% de la tierra o lo equivalente en dinero. Este cobro se realiza cuando el municipio aprueba el proyecto inmobiliario, lo que genera una valorización de la tierra.
En diciembre de 2015, el Concejo Deliberante de Presidente Perón aprobó por unanimidad una ordenanza -la 1082- que reglamentó esa participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias. Según esa norma, lo recaudado en tierra o en dinero debía ser destinado a un fondo para financiar “la mejora del hábitat de Presidente Perón”.
Desde que aprobó la ordenanza hasta la toma de Guernica, por los menos cinco barrios cerrados empezaron a construirse en el municipio. El municipio no exigió la cesión de tierra o dinero que correspondía. Desistió de recursos genuinos, que debían ser destinados a mejorar las condiciones habitacionales de les habitantes del municipio que quedan excluidos de los barrios cerrados.
Esta decisión política está en el origen del problema por qué la ocupación se convierte en única alternativa posible de los sectores populares para acceder a la tierra. Además, la decisión de desistir de un recurso esencial como la tierra deja al Estado en un lugar de debilidad para resolver los conflictos territoriales, precisamente. Porque uno de los principales obstáculos que tuvo la negociación entre la provincia y las organizaciones fue la dificultad del gobierno para ofrecer tierra suficiente para que todas las familias pudieran contar con un lote donde vivir. Esto dilató y complicó el diálogo con las familias y las organizaciones. Algunos de los terrenos sobre los que se consolidó la ocupación eran terrenos desocupados, otros estaban definidos como terrenos ociosos y/o baldíos, su utilización como parte de una respuesta integral también hubiese colaborado con la gestión del conflicto.
Durante todos estos años, la provincia de Buenos Aires tampoco cumplió con su responsabilidad de generar un marco normativo que oriente su desarrollo territorial -tal como establece el decreto ley 8912 de ordenamiento territorial- y la implementación de políticas para garantizar el derecho a la vivienda y a la tierra, en articulación con los municipios.
El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, como complemento operativo de la ley 14.449, incluye la construcción de viviendas sociales, la generación de lotes con servicios, la regularización dominial, el mejoramiento habitacional de viviendas ya construidas y la urbanización de barrios. También se ha anunciado la creación de un registro de suelo urbano y un registro de demanda habitacional como instrumentos que permitirán mejorar el diseño de las intervenciones. Todas estas líneas de intervención son necesarias para responder a las necesidades habitacionales de quienes viven en la provincia, y se vuelven urgentes en el actual contexto de crisis.
La implementación de este plan, así como las soluciones específicas que se encuentren ante conflictos como el de Guernica, no deberían quedar desarticuladas de los instrumentos de gestión territorial previstos en la ley de acceso justo al hábitat, todo lo contrario. Estos instrumentos permiten al Estado provincial y a los municipios captar tierra, recursos monetarios, evitar procesos especulativos que elevan los precios del suelo, y plantea un marco de principios que deben orientar el proceso de producción del territorio.
Se trata, en definitiva, de implementar instrumentos de gestión para que la intervención del Estado haga que el desarrollo urbano sea socialmente inclusivo y genere oferta de suelo accesible para todos los sectores, y superar una lógica de intervención estatal que busca compensar los efectos negativos de un proceso de producción urbana solamente guiado por el mercado.
La Participación Municipal en las Valorizaciones Inmobiliarias es una de muchas otras herramientas de gestión territorial con las que cuentan los municipios y el gobierno provincial para hacer que el desarrollo urbano sea más inclusivo. La aplicación de estas herramientas es esencial para evitar que miles de familias tengan que depender de la ocupación de tierra, y de la precariedad en las condiciones de vida que supone, como única alternativa que el Estado ofrece a los sectores populares para tener un lugar donde vivir.
Foto: Natalia Cruz