El plazo establecido para el cierre definitivo de los neuropsiquiátricos en Argentina por la Ley Nacional de Salud Mental llegó y no fue cumplido por el Estado. En el contexto de la pandemia, la externación de les pacientes hacia una atención en la comunidad es más urgente que nunca.
La Ley Nacional de Salud Mental argentina previó la obligación de sustituir definitivamente las instituciones psiquiátricas monovalentes, y crear un sistema de atención en salud mental en la comunidad que respete los derechos humanos. Estableció al año 2020 como fecha límite para alcanzar dicha meta pero el sistema de salud mental de Argentina continúa estando situado en el hospital psiquiátrico de tipo manicomial, y no ha experimentado cambios sustantivos desde la sanción de la ley. Las graves condiciones de vida dentro de los hospitales psiquiátricos continúan siendo una realidad.
En este sentido, los miembros de la comisión se mostraron particularmente interesados en conocer la situación de las mujeres y las niñas. El CELS informó que son víctimas de esterilizaciones forzadas porque en Argentina hay una ley nacional que así lo avala para las mujeres declaradas incapaces, que exige inmediata reforma. Además señaló que entre las prácticas más comunes, las mujeres son separadas de sus hijes, en muchos casos de por vida; y su salud sexual y reproductiva no es atendida. La violencia hacia las mujeres debe ser comprendida por la intersección del abandono estatal, el poder patriarcal, la exclusión social y el sufrimiento mental.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, en Argentina todavía hay 12.035 personas internadas en 162 instituciones monovalentes de salud mental, públicas y privadas, a las que aún deben sumarse las que residen en instituciones con internación en adicciones, dato que se desconoce. El promedio de tiempo de permanencia es de más de 8 años, cifra que aumenta a 12 años y medio en el sector público. Se conocieron casos de personas que permanecieron internadas 90 años.
Desde el CELS, argumentamos que entre los factores que explican el elevado número de internaciones y su extendida duración figuran por un lado la falta de una red comunitaria de atención en salud que brinde atención adecuada y de calidad. Por otro lado, vemos la ausencia de políticas centradas en los derechos sociales como el trabajo, la vivienda, y la seguridad social.
La institucionalización prolongada por motivos de salud mental es responsabilidad del Estado y constituye un problema de derechos humanos y de salud pública, profundizado por los riesgos que genera esta pandemia. Se trata de un imperativo legal incumplido hace 10 años, que debe ser abordado, incluso -y más aún- en este contexto de urgencia.
