La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, prevé la sustitución de las instituciones psiquiátricas monovalentes por un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete los derechos humanos. Este año se cumple la fecha límite para alcanzar esa meta, pero el sistema de salud mental argentino continúa siendo hospitalocéntrico y no tuvo cambios de fondo desde la sanción de la ley.
En agosto de 2020 también venció el plazo para que las instituciones monovalentes con internación en salud mental presenten sus planes de adecuación a la ley 26.657. Las graves condiciones de vida dentro de los hospitales psiquiátricos y demás centros que brindan atención en adicciones, condujeron a que hace 10 años se sancionara la ley.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, de 2019, en la Argentina todavía hay 12.035 personas internadas en 162 instituciones públicas y privadas. Esa cifra no contempla las que residen en instituciones con internación en adicciones. El promedio de tiempo de permanencia en ellas es de 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 años en el sector público. Una de cada cuatro personas lleva más de 11 años internada y se encontraron personas con 90 años de internación. Son los motivos sociales -no los clínicos- los que continúan explicando el elevado número de internaciones y los tiempos excesivos de duración.
El vencimiento del plazo establecido por la Ley para el cierre de los manicomios coincide con la pandemia generada por el virus COVID-19. Durante esta crisis se evidenció la centralidad de las condiciones de vida en la capacidad de vivir y sobrevivir a una amenaza epidémica a la salud. Avanzar en procesos de externación ya no es sólo un imperativo legal, sino una medida fundamental para la preservación de la vida y la integridad de las personas institucionalizadas por motivos de salud mental en la Argentina.
Los procesos de externación requieren de una amplia gama de articulaciones para asegurar que las personas puedan continuar con la atención de su salud en el ámbito de la comunidad, que reciban los apoyos que ellas, sus familias y referentes requieran, y garantizarles la disponibilidad y accesibilidad de dispositivos residenciales y de inclusión sociolaboral. El diseño, implementación y evaluación de estas acciones debe incorporar un enfoque interseccional, que tenga en cuenta el impacto diferencial que tiene la internación sobre ciertos colectivos sociales, como las mujeres, las lesbianas las personas trans, de diferentes edades, particularmente expuestos a la invisibilización, a la estigmatización y a la desatención en las instituciones psiquiátricas.
La institucionalización prolongada por motivos de salud mental es un problema social, de derechos humanos y de salud pública. Las organizaciones que suscribimos este documento detallamos a continuación las medidas que son necesarias para garantizar la desinstitucionalización de las personas internadas y manifestamos nuestra voluntad de participar y aportar en todas las instancias que el Estado habilite para avanzar hacia una salud mental comunitaria.
Suscriben al documento:
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres (ATL)
Asamblea Permanente de Usuarixs de los Servicios de Salud Mental (APUSSAM)
Asamblea de Usuarios/as de Salud Mental por Nuestros Derechos (Rosario)
Asociación Casa Club Gualeguaychú
Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM)
Espacio PUEBLA – CABA
Red de Familiares, Usuarios y Voluntarios (Red FUV)
Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR)
Asociación Civil ACUFA
Centro de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús
Dr. Hugo Cohen, ex asesor subregional en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS.
Equipo de investigación UBACyT “Salud Mental Comunitaria: territorios de precarización y políticas del cuidado”, Facultad de Psicología de la UBA.
Práctica Profesional “Salud mental y desinstitucionalización”, de la Facultad de Psicología de la UBA.
Cátedra Psicología Preventiva, de la Facultad de Psicología de la UBA.
Observatorio de Prevención y Protección de la Salud Comunitaria, Facultad de Psicología de la UBA.
Movimiento de Usuarixs y Trabajadorxs en defensa de la LNSM.
Dirección de Unidad Académica Salud Social y Comunitaria, Universidad del Chubut.
Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones (CCHSMyA) de la Ley 26.657.
Puede acceder al documento completo en este enlace.