Durante el fin de semana, en los penales de la provincia de Buenos Aires se vivieron hechos violentos de extrema gravedad. Muchas personas fueron heridas producto de la represión de los reclamos en al menos doce unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Les detenides reclaman la reanudación de las visitas, suspendidas desde marzo. Además de la pérdida de contacto con sus vínculos, que no haya visitas les impide acceder a alimentos y artículos de higiene, que no son provistos por el SPB.
Pero el conflicto ocurrió por la falta de respuesta a muchas otras demandas relacionadas con la ausencia de políticas sanitarias y de medidas judiciales que permitan descomprimir un sistema penitenciario colapsado.
Estas son las consecuencias de no intervenir a tiempo y de la decisión de la Suprema Corte de restringir las soluciones colectivas. A esta altura, es urgente que se tomen medidas para aliviar la situación de hacinamiento.
Pedimos que se convoque a un comité de crisis para intervenir ante la emergencia. Y que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo investiguen y sancionen a quienes cometieron las represalias y los hechos de violencia.
Las propuestas de planes de construcción de cárceles no solucionan los problemas, los empeoran. Alimentan la idea de que se puede seguir ampliando el sistema penitenciario y demoran la intervención urgente con medidas necesarias de descompresión.