La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos.
Durante el debate de 2018 muchas veces se aludió a la baja aplicación de la ley penal para perseguir casos de aborto y se habló de la existencia de una despenalización social. Sin embargo, si analizamos el fenómeno en su complejidad, los números de la criminalización son significativos.
Entre 2012 y la actualidad registramos y analizamos 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos en medios de todo el país (lo que constituye un subregistro: VER EL INFORME COMPLETO*). En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres.
La mayoría de las mujeres -no encontramos varones trans o personas no binarias criminalizadas- tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes. Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a casos como los de Belén: situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas.
La mayoría de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal. Muchas veces el pedido de auxilio de sus familiares para salvar la vida de esas mujeres fue utilizado como una denuncia por las autoridades para iniciar investigaciones penales. Se trata de procesos atravesados por prejuicios de clase y de género, en los que las autoridades no garantizaron un tratamiento justo o digno, sino que demostraron un singular ensañamiento.
Desde noviembre de 2019 el CELS coordina una investigación sobre criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. La investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
El círculo del castigo no se reduce a los procesos penales abiertos, a los días esposadas en camas de hospital, ni a la amenaza real de terminar encarcelada por buscar atención de salud. La criminalización se inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario. Muchas de estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron “filtrados” a la prensa como un castigo social suplementario, con coberturas estigmatizantes, que repercuten en su vida, en la de sus hijes, en sus familias y afectos.
La penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. El desprecio por la información sobre su salud y el tratamiento recibido es tal, que lo que es confidencial pasa a ser la noticia de un hecho que se ventila sin ningún cuidado. Se las juzga como si pudieran tomar decisiones de forma libre y autónoma, se las estigmatiza como asesinas, y para construir esas figuras se invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran. Algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo.
La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud.
Legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de plazos es urgente. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas. Los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y personas no binarias de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros.
Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más derechos y menos condenas.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
CELS
CUSAM
Adhieren:
Asociación de Pensamiento Penal
AAES
Abofem Argentina
Abofem/ Asamblea 8M Fiske
ANDHES
APDH Bariloche
APDH Mendoza
APDH Regional Catamarca
APDH Regional Catamarca
APDH Regional NO del Chubut
APDH Tres Arroyos
Asamblea Permanente por los derechos humanos
Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales
Asociación Ciudadana por los derechos humanos
Asociación de Profesionales de Servicio Social
ATE Nacional
ATE CDP Entre Ríos
Bachillerato Popular Sol del Sur – FENAT CTA-A CAPITAL
Campaña Federal por la separación Estado/ Iglesia
Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres y disidencias
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Olavarría
Campaña Nacional por el Derecho al ALSyG Chivilcoy
Campaña Regional Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
Centro de Edtudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC (CEIMAF)
Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales – UNC
Chanas Socorristas En Red San Nicolás
Chicas Poderosas Argentina
CIAJ Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
Colectiva Andina
Colectiva Bravas- Socorristas La Plata, Bs As
Colectiva de Actrices y Técnicas Platenses por Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Colectiva de Antropólogas Feministas
Colectiva de trabajadoras judiciales (PBA)
Colectiva Feminista La Revuelta
Colectiva Feminista Las Azucenas
Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega
Colectivo Identidad Marrón
Colectivo Migrante de Rosario
Comisión de Salud Catamarca Instituto Patria
Comisión de Salud Jujuy-Frente Ciudadano por la Salud (NOA)
Comisión de Salud Tucumán Instituto Patria
Consejería en Prevención de Violencia Obstétrica
Contragolpe Secundarios
Coordinadora de Abogadxs de Interés Público
CTA Autónoma
CTA Atonoma Tucuman- Fenat CTA Tucuman
CTA Autónoma Entre Ríos
Dora te escucha Paraná
E.Po.Ca Estudios Políticos para el Cambio
ECCyGE FACSO UNICEN
Ecos de Sororidad, programa radial feminista
El Desborde Educativo
Encuentro de Profesionales contra la Tortura
EQUIFEM
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
Equipo de Investigación en Género y Sexualidades. IISE. UNSJ
Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas
Escritoras argentinas
Espacio de trabajadorxs sociales de salud de la CABA
Feministas del Abya Yala
Frente Ciudadano por la Salud del NOA
Fundación Huésped
Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables)
Grupo Intervencionista Tucumán
IEC-CONADU
IIEGE UBA
Indómites, Agrupación Feminista
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo-Insgenar
Instituto de Investigaciones de Estudios de Género. Facultad de Filosofía y Letras.UBA
Instituto de Políticas Públicas LGBT+
IPPFRHO
Isadora Mujeres en Lucha, Misiones
Juristas por la Igualdad y los Derechos Humanos San Juan
Junta Interna ATE Promoción Social
Juntas y a la Izquierda Tucumán
Juntas y a la Izquierda San Juan
La Bisagra
La Dignidad
La Hoguera
La Malona colectiva feminista
La Revuelta CABA-GBA (Socorristas en Red)
La Ria Corriente Critico Feminista
La Roja, proyecto colectivo
La Simón Bolívar – Nuestra Patria es América
La Verde Roja y Negra, ATE Educación
La voz de Temis. Podcast
Las Hilando Artivistas Socorristas
Las Hilarias Socorristas en Red
Las Revueltas Socorristas en red
Líbera abogacía feminista
Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática de Género. FHyA. UNR
Mala Junta – VAMOS
Mala Junta Poder Feminista – Frente Patria Grande
Maleducadas Kisulelaiñ
Mesa Sindical de Tres Arroyos
MNCI Somos Tierra
Movimiento por la desmanicomialización en Romero (MDR)
Muchachas Peronistas Tucumán
Mundanas
Mutisias Rebeldes Esquel-Trevelin
Ni Una Menos
Ni Una Menos San Juan
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad
Pañuelos en Rebeldía
Parlamento de las Mujeres de la Legislatura CABA
Partido Social Patagónico
Poiesis, S. C.
Programa de Estudios de Género, Infancia y Juventud, UNSAM
Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista
Red de autocuidado feminista
Red de lesbianes travestis trans y no binaries de Necochea
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir
Red Feminista Sonorense
REDAAS
Secretaría de Géneros CTAA Nacional
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género CGT RA
Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades CTA de les Trabajadores
Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba
Socorristas en Red. Feministas que abortamos.
Socorristas Misiones
Socorristas Olavarria
Socorro Peste Rosa Tierra del Fuego
Socorro Rosa Comarca Andina
Socorro Rosa Necochea Quequen
Socorro Rosa Tandil
Socorro Rosa Tres Arroyos
Socorro Rosa Villa Regina
Sororas Fanny Edelman
Tatagua-Colectiva Feminista-Conurbano Sur-PBA-Argentina
Tierra Violeta
Urna Verde
UST Campesina y Territorial
Vamos – Terciarios
y muchísimas adhesiones individuales.
*Las respuestas oficiales de las provincias dieron cuenta de 1532 causas iniciadas por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 jurisdicciones del país.
