El 3 de febrero se cumple una década de la represión que la policía de la provincia de Buenos Aires desató contra un grupo de vecinos del barrio La Carcova de San Martín. Las balas de plomo disparadas por la Bonaerense causaron la muerte de Mauricio Ramos y Franco Almirón. Joaquín Romero fue gravemente herido.
En 2014, durante el juicio oral, se pudo reconstruir el accionar policial. El subteniente Gustavo Vega fue condenado a siete años de prisión por la tentativa de homicidio de Joaquín Romero mientras que Gustavo Sebastián Rey fue absuelto por duda por los homicidios de Franco y de Mauricio. Un año después, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia recalificó la condena a Vega –de tentativa de homicidio simple a calificado– y le indicó al tribunal del juicio que debía ajustar la pena, que finalmente fue elevada a 15 años y 6 meses de prisión. También anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad.
Recién en junio de 2021 se realizará el debate oral y público contra Sebastián Rey por los homicidios de Franco y Mauricio. Más de diez años van a haber pasado desde los hechos, y seis desde que Casación ordenó hacer un nuevo juicio. Sus familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, el poder judicial demuestra no tener apuro en juzgar a integrantes de fuerzas de seguridad.
A su vez, se encuentra cerrada la investigación contra los jefes de ese operativo, a pesar de que existe prueba de su responsabilidad directa en las muertes. Las víctimas pidieron cuatro veces su citación como imputados, pero el Ministerio Publico Fiscal de la provincia se resistió a avanzar en la causa y finalmente en diciembre de 2018 la cerró definitivamente.
En estos 10 años tampoco hemos visto decisiones políticas que hayan producido cambios en la policía de la provincia de Buenos Aires.
El CELS representa a la madre de Mauricio Ramos y a Joaquín Romero. A 10 años de la masacre de La Cárcova, la demora injustificada del poder judicial en avanzar en casos de violencia policial genera un impacto directo en las familias de las víctimas. Son ellas las que sostienen el avance de las investigaciones en su búsqueda de justicia y reparación.