La jueza Emma Del Valle Mercado, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Dean Funes, Córdoba, hizo lugar a la acción de desalojo iniciada por empresarios del agronegocio contra la campesina de 94 años Ramona Orellano, quien sufre el hostigamiento y el intento de despojo de su territorio desde hace más de 40 años.
En su sentencia la jueza omite analizar estándares de derechos humanos sobre el derecho a la tierra de las comunidades campesinas y su vínculo específico con el territorio que habitan. También desconoce la especial protección frente a los desalojos que requiere el caso de Ramona como campesina, mujer y persona mayor.
Tampoco contempla la posesión histórica de Ramona sobre las tierras en conflicto e ignora que el avance sobre su territorio se enmarca en un contexto de expansión del agronegocio que habilitó el aprovechamiento de los títulos precarios de tenencia de las tierras de las familias campesinas para avanzar sobre ellas.
En 2019 el CELS presentó un amicus curiae en la causa y desarrolló extensamente el derecho al territorio de las comunidades campesinas y el acceso a la justicia de las mujeres rurales como Ramona. También remarcó la necesidad de que la justicia reconozca sus derechos sobre esas tierras y brinde la protección que la situación de Ramona requiere.
Foto: La Tinta