El 10 de agosto de 2020, las organizaciones abajo firmantes presentamos a la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU una denuncia completa sobre las masacres de Sacaba y Senkata. La presentación de datos, testimonios y otros tipos de evidencia incluye una descripción de los antecedentes de los hechos ocurridos en Cochabamba y en El Alto y de la conducta de las autoridades policiales, políticas y judiciales en los días y meses posteriores. Esta denuncia se sumó a otras realizadas sobre las violaciones ocurridas en este periodo y que permanecieron, en su mayoría, confidenciales, conforme a la práctica que adoptan las relatorías para proteger a víctimas y testigos.
Tres meses y medio después de nuestro envío, un conjunto de varias relatorías de la ONU instó al Estado boliviano a tomar acción porque “existe un asunto que justifica una atención inmediata”. Invitaron al Estado a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”.
Hoy hacemos pública la denuncia enviada a la ONU para llamar la atención al Estado boliviano y a los mecanismos encargados de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia.
Las masacres de Senkata y Sacaba
En los días después de la renuncia forzada del presidente Evo Morales, dos protestas fueron brutalmente reprimidas por el gobierno no electo y de escasa legitimidad social, encabezado por Jeanine Áñez y apoyado por grupos políticos y religiosos conservadores. La primera en Sacaba, Cochabamba; la segunda en la ciudad de El Alto, La Paz. En ambos casos, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas.
Hace cinco meses que la ONU condenó las masacres ocurridas en noviembre 2019 y pidió inmediata acción al Estado boliviano. Aun así, y a pesar del retorno de un gobierno democráticamente electo en el 2020, no hay avances. Por este motivo, decidimos hacer pública esta denuncia, con la autorización de algunas víctimas y testigos, y protegiendo la identidad de otres. Nos motivan la enorme cantidad de injusticias que persisten del gobierno de Jeanine Áñez, como las detenciones arbitrarias cuya efectividad continua y el escaso progreso en la obtención de verdad, justicia y reparaciones para las víctimas, un derecho de toda la sociedad boliviana.
Asociación Pro Derechos Humanos, Bolivia
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), Suiza
Red Andina de Información, Bolivia
Red Universitaria de Derechos Humanos, Estados Unidos
Foto de Abad Miranda