El Tribunal Oral de Menores 2 condenó al policía Luis Chocobar a 2 años de prisión en suspenso. Respuestas judiciales como la que se dio en este fallo diluyen la responsabilidad policial por las muertes provocadas con armas reglamentarias, consolidan mensajes erróneos sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y generan escenarios de impunidad para futuros hechos de abuso policial.
La Defensoría General de la Nación, en representación de la madre de Juan Pablo Kukoc, había pedido prisión perpetua por considerar que el policía cometió un homicidio agravado por abuso de sus funciones. La fiscalía pidió 3 años en suspenso. Su acusación fue extremadamente leve, lo que contribuye a distorsionar lo ocurrido. La Procuvin, como fiscalía especializada en violencia institucional, debió haber intervenido. Esto marca la orientación de la política de persecución penal y el valor que se da a cada vida.
El 8 de diciembre de 2017 Chocobar mató a Juan Pablo Kukoc, de 17 años, en el barrio porteño de La Boca. A pesar de que el policía dijo que Kukoc lo quiso atacar con un cuchillo, la prueba demostró que sus disparos fueron por la espalda, mientras el joven corría para escapar. Ni la vida de Chocobar ni la de otres corría peligro cuando decidió disparar repetidas veces y matarlo.
Cuando la policía asesina con un arma letal a una persona que no era una amenaza a su vida o a la de terceros, se produce lo que el sistema interamericano de derechos humanos considera una ejecución extra judicial. Estas prácticas están prohibidas y sus responsables deben ser juzgades y sancionades.
Luego del hecho, Chocobar recibió fuerte apoyo de las autoridades políticas de la gestión anterior. Desde el Ministerio de Seguridad, que encabezaba Patricia Bullrich, se creó un reglamento de uso de armas de fuego contrario a los principios internacionales y a las leyes locales, para colaborar en la convalidación de este tipo de hechos. El reglamento fue derogado en diciembre de 2019, por la ministra Sabina Frederic.