Los datos analizados para este informe demuestran que miles de consumidores de drogas son perseguides todavía hoy en la Argentina. Las policías les privan de la libertad y se les inician causas penales que, aunque no prosperen, funcionan como un castigo.
Concretamente, entre 2018 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires las causas por tenencia para consumo aumentaron más del 400%; y entre enero de 2019 y agosto de 2020, el 75% de las causas que se iniciaron por delitos de drogas fueron por tenencia para consumo personal y solo el 17% por comercialización.
Las estadísticas demuestran que la política criminal que implementa el Ministerio de Seguridad porteño apunta a perseguir a les consumidores. Y no a cualquier consumidor; sino a les pobres y a les migrantes.
Al analizar la cantidad de detenciones por consumo que se realizan en cada comuna porteña, queda en evidencia un claro sesgo de clase: hay personas para quienes el consumo está despenalizado “de hecho” y personas que si consumen están cometiendo un delito. Une de cada cuatro consumidores es detenide en la zona de Retiro y la Villa 31; y más de tres cuartas partes de las detenciones se concentran entre esa comuna y la 4 (Barracas-Pompeya, Villa 21-24 y Zavaleta), la 8 (Lugano, Villa 20 y otras) y la 3 (Balvanera, Plaza Once, Abasto).
Esta distribución social de las detenciones muestra también que la policía las usa como parte del control y el hostigamiento a les más pobres. Lo mismo ocurre con les migrantes.
En cuanto al resto del país, la escasa y fragmentaria información existente sugiere que la práctica de detener consumidores sigue vigente en todo el territorio, tanto en las provincias que adhirieron a la desfederalización como las que no lo hicieron.
El informe avanza sobre el análisis de datos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Chubut.
El texto completo del informe podés leerlo acá