En los últimos días, vimos a través de una enorme cantidad de videos y testimonios como ciudadanas y ciudadanos palestinos eran expulsados de un barrio en Jerusalén por civiles apoyades por las fuerzas armadas israelíes. Una vez más observamos la violencia indiscriminada contra manifestantes palestines, ataques a lugares sagrados palestinos y el bombardeo indiscriminado de Gaza, que sufre un bloqueo desde hace quince años.
Hasta el 19 de mayo de 2021, organizaciones palestinas habían documentado 219 muertes en Gaza, incluyendo 63 niñes en la última ola del conflicto iniciada el 10 de mayo. En el mismo periodo, diez muertes fueron registradas en Israel, incluyendo 2 niñes. Según la ONU, aproximadamente 75.000 palestines en la franja de Gaza fueron expulsades de su casa. A raíz de esta nueva ola de ataques, la vacunación contra el Covid-19 se suspendió en Gaza, donde un bombardeo aéreo destruyó el único laboratorio que procesaba los tests para el coronavirus.
Este es el nuevo y dramático episodio de una situación que se profundiza desde hace años. Israel impone, en ambos lados de la Línea Verde, un sistema de discriminación y dominación racial, con una ocupación militar y colonial ilegal que deliberadamente fragmenta y aisla al pueblo palestino, privándolo del ejercicio de sus derechos fundamentales.
Desde el CELS, adherimos a varios pronunciamientos de la comunidad internacional en solidaridad con las y los defensores de derechos humanos de Palestina. Saludamos la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una resolución que reconoce la discriminación sistemática del pueblo palestino por Israel y establece una comisión de investigación permanente sobre las alegaciones de violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos desde el 13 de abril de 2021.
En solidaridad con la situación que atraviesa el pueblo palestino nos posicionamos, entre otras cuestiones:
- A favor del derecho a la vida y contra los ataques cometidos contra civiles en Palestina e Israel, que constituyen crímenes de guerra;
- A favor del alto al fuego decretado por Israel y por grupos palestinos armados;
- Reconociendo la desproporcionalidad de la violencia estatal y otras formas de castigo colectivo cometidas por Israel contra el pueblo palestino, incluyendo palestines que viven en Israel;
- Por el derecho del pueblo palestino a la ayuda humanitaria, que requiere el fin del bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que mantiene Israel hace casi 15 años de la franja de Gaza. Los últimos ataques militares destruyeron aún más las infraestructuras de provisión de agua y electricidad, entre otras. Estos actos son violatorios del Cuarto Convenio de Ginebra y constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra;
- A favor de la declaración de un embargo de la ONU a la venta de armas a Israel, evitando la asistencia militar a unidades involucradas en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;
- Por la investigación y sanción, a nivel nacional o internacional, de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad – incluyendo una investigación sobre la posible comisión de crimen de apartheid, tal como entendió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD);
- Contra las ocupaciones israelíes ilegales, conforme al Cuarto Convenio de Ginebra, y la desposesión de palestinos de sus casas y propiedades.
- Por el derecho de los palestinos a la autodeterminación, reconocido por la Resolución 3236 de la Asamblea General de la ONU, que afirma también el derecho inalienable del pueblo palestino a la independencia y soberanía nacionales y a retornar a sus casas y propiedades;
- En apoyo a la investigación en curso en la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra cometidos desde 2014 por la Fuerza de Defensa Israelí (IDF) y grupos palestinos armados.
Foto: palestinalibre.org