El 1 de julio se cumple un año de la puesta en vigencia de la ley de alquileres, que fue impulsada por organizaciones de inquilines de todo el país. La ley avanza en generar más transparencia en el mercado y condiciones más equitativas en el acceso al alquiler. Además, crea un programa de alquiler social para facilitar el acceso de poblaciones vulnerables y ampliar la oferta de viviendas en el mercado.
Cada vez más personas alquilan la vivienda donde viven. Sin embargo, para la gran mayoría de les inquilines el alquiler no es un modo adecuado de resolver su situación habitacional. Los precios de los alquileres se llevan una porción cada vez mayor de los ingresos, los requisitos para ingresar al mercado formal se hacen cada vez más difíciles y los abusos y arbitrariedades por parte de intermediaries, o de les propies propietaries, son prácticas habituales. Todas estas condiciones hacen que el alquiler sea un modo precario e inestable de acceder a un lugar donde vivir. Quienes alquilan su vivienda están endeudades, alquilan sin contrato, no pueden proyectar su vida en el mediano plazo o viven en malas condiciones habitacionales.
El CELS y el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín hicimos una encuesta telefónica a hogares inquilines del área metropolitana de Buenos Aires, durante este mes de junio. Si bien aún estamos procesando los resultados finales, adelantamos aquí algunos datos que reflejan esta situación de incertidumbre en general y la afectación específica sobre la población de menores ingresos, migrantes, mujeres y personas mayores.
Más de la mitad de los hogares alquila de palabra, por fuera de un contrato formal y, por lo tanto, sin garantías de ningún tipo. En los hogares cuyos ingresos no alcanzan los 25.000 pesos el porcentaje de hogares que alquila de palabra es del 74%.
En cuanto a la sostenibilidad del pago de la renta, el 24% declaró destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. Esta situación se agrava entre las jefas de hogar mujeres, donde este porcentaje se eleva al 28% y aún más en la población mayor a 60 años, donde llega al 38%. Casi el 30% de les encuestades tiene deudas de alquiler y entre les desocupades este porcentaje llega al 48%. Casi el 30% de quienes están desempleades, declara que quisiera renovar su contrato de alquiler, pero no podrá hacerlo.
En cuanto a las condiciones habitacionales, los resultados de la encuesta indican que los hogares sostenidos económicamente por personas mayores de 60 años, de menores ingresos y desocupades tienen mayor tendencia a vivir en condiciones de hacinamiento crítico. La población migrante, por su parte, tiene mayor tendencia a alquilar una habitación en lugar de una vivienda completa.
La crisis sanitaria y económica actual hace que las medidas para proteger a les inquilines y generar mejores condiciones de acceso al alquiler ya no sean sólo necesarias sino urgentes. La sanción de la ley de alquileres es un paso en este sentido. Además de modificar los términos de la relación contractual entre locadore y locatarie, y de establecer un registro de contratos para transparentar un mercado que hoy funciona de manera opaca, la norma crea un programa de alquiler social para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a la vivienda, con medidas específicas destinadas a jubilades, desempleades y mujeres víctimas de violencia de género. También dispone que el Estado cuente con viviendas públicas en alquiler. Esto es una condición indispensable para evitar que la lógica del mercado sea monopólica y defina por sí sola la dinámica de funcionamiento de un mercado del cual dependen millones de hogares en Argentina para acceder a su vivienda.
El desafío hacia delante es poner en marcha mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de las nuevas condiciones de los contratos y avanzar en la implementación de una política pública orientada a promover el alquiler como una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda.