Organismos de derechos humanos solicitamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, nos informe si se encuentra vigente el “Acuerdo de Cooperación Policial entre el Ministerio de Defensa de la República de Colombia-Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina”, suscripto en marzo de 2018 durante la gestión anterior.
En el contexto de la violenta represión que la policía de Colombia viene llevando adelante contra distintas manifestaciones públicas, les pedimos a Frederic y a Solá que, en el caso de que continúe en vigencia, consideren poner fin al acuerdo.
Consideramos que la Policía Nacional de Colombia, una fuerza policial militarizada dependiente del Ministerio de Defensa de ese país, arrastra un largo historial de prácticas violatorias de los derechos humanos. La vigencia de esas prácticas quedó de manifiesto en los episodios de represión de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril. Desde esa fecha, como consecuencia directa de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y otros cuerpos de la Policía Nacional, se registraron más de 40 personas muertas, centenares de heridos, denuncias de violencia sexual y desapariciones, y miles de detenciones arbitrarias.
Además, el acuerdo se enmarca en la política de alineamiento con el modelo de la “guerra contra las drogas” adoptado por la anterior gestión. Esa perspectiva, que implicaba la militarización de la seguridad ciudadana, se alimentaba de la cooperación con países como Colombia o EEUU que prescriben o bien la intervención de las FFAA en temas de seguridad, o bien la adopción de tácticas y armamento militar por parte de las policías. Teniendo en cuenta que en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019 se promueve otro abordaje sobre temas como narcotráfico o terrorismo, sería importante ratificar esa dirección dando por terminados acuerdos como éste.
Por todo ello, consideramos que el modelo policial colombiano se encuentra en las antípodas de lo que anhelamos para la Argentina, y entendemos que resulta grave establecer lazos de cooperación y transferencia con este tipo de instituciones.
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Firmas: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Serpaj (Servicio Paz y Justicia), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social, Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo (LiberPueblo), Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).