El 15 de junio el CELS, junto a otros organismos de derechos humanos, le solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que sostenga las medidas provisionales otorgadas en noviembre de 2017, cuando le ordenó al Estado argentino adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
En el nuevo escrito informamos que subsisten los motivos por los cuales fueron otorgadas las medidas sobre la extrema gravedad y urgencia en la situación actual de Milagro Sala vinculada a su salud psicofísica y que continúa la necesidad de prevenir la ocurrencia de daños irreparables a su persona.
También señalamos la situación procesal de Milagro Sala en distintas causas judiciales y destacamos, en particular, el inicio de una nueva causa, el 11 de junio de este año, por una manifestación realizada por un grupo de vecines en la localidad de Campo Verde, en San Salvador de Jujuy. Allí se le imputa a Milagro Sala la instigación a la manifestación pública de quienes protestaban por la decisión del gobierno de Jujuy de usar el único espacio de recreación del barrio.
Por otra parte, destacamos las distintas manifestaciones del gobernador Gerardo Morales y altos funcionarios del gobierno provincial que se refieren a Milagro Sala de manera estigmatizante y la acusan, todo el tiempo, de ser la responsable de la falta de paz en la provincia. También indicamos el impacto que estas declaraciones públicas y las causas judiciales tienen sobre su salud, así como el impacto sobre la organización Tupac Amaru.
Desde el inicio de estas medidas provisionales, la situación judicial de Milagro Sala se inscribe en un contexto de hostigamiento y persecución, tanto a ella y sus allegades como a la organización que lidera, por parte de las máximas autoridades provinciales, que generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica.
Por otra parte, en estos dos mil días se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta.
Foto: Télam