Hasta el 12 de julio sesionó el Consejo de Derechos Humanos, el organismo de la ONU encargado de defender y promover los derechos humanos en todo el mundo. El Consejo está compuesto por 47 estados, elegidos por voto entre los miembros de Naciones Unidas. En el período 2021, Argentina es uno de ellos.
Muchas organizaciones de derechos humanos de distintas partes del mundo participamos en las sesiones, con una mirada independiente de los Estados, acompañando a víctimas o familiares y/o presentando investigaciones y evidencias de violaciones de derechos humanos. Desde el CELS usualmente llevamos una agenda variada de temas de nuestra región, pero también algunas agendas temáticas que se trabajan en coaliciones con organizaciones de distintas partes del mundo.
En esta sesión hemos trabajado en varios temas de la agenda de seguridad y derechos humanos, como la violencia policial y su relación con el racismo estructural, las detenciones y encarcelamientos relacionados con la prohibición de las drogas y el uso de la fuerza en la represión de protestas.
Mecanismo internacional contra el racismo estructural y la violencia policial
En junio de 2020 el Consejo de Derechos Humanos debió llamar a una histórica sesión de emergencia luego del movimiento de protesta antiracista que siguió al asesinato de George Floyd. Si bien se intentaba formar una comisión de investigación para abordar la violencia policial contra la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, la diplomacia de ese país presionó para evitarlo, y se logró una investigación global, encargada a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Este año, los países del grupo africano en el Consejo presentaron una iniciativa para establecer un mecanismo global que actúe contra el racismo estructural y, específicamente, contra la violencia policial racista, un fenómeno vigente en Estados Unidos, en Europa y América Latina. Aún hoy, en 2021, países centrales como Reino Unido, la Unión Europea, Australia o Canadá se resistieron.
Distintas organizaciones afro de estas regiones, junto a organizaciones de derechos humanos formamos una coalición para apoyar la iniciativa del grupo africano y asegurar que la ONU en su conjunto dé una respuesta enérgica a este problema histórico, y a los legados coloniales que perpetúan la discriminación de les afrodescendientes. Esta alianza, con el apoyo de varios países de América Latina (entre ellos Argentina) logró defender la resolución A/HRC/47/L.8/Rev.1 que creó un mecanismo internacional de expertes que durante los próximos 3 años deberá avanzar la causa de igualdad y justicia racial en temas de policía, en relación a los legados coloniales y de la esclavización de personas africanas, y para investigar las respuestas estatales a las protestas antirracistas. También trabajará sobre la rendición de cuentas y reparaciones a las víctimas.
— “Sin Justicia no hay paz. El rol de la ONU en la rendición de cuentas en la violencia policial contra personas africanas y afrodescendientes”: El 7 de julio se realizó un evento paralelo para debatir estos temas, coorganizado por el CELS, ACLU, ISHR, ILEX de Colombia, Conectas y la Organización Negra por Direitos Humanos.
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Detenciones arbitrarias relacionadas con políticas de drogas
La prohibición de drogas ha montado un sistema punitivo alrededor de la producción, el tráfico y hasta del consumo donde la policía, la justicia penal y las cárceles tienen el rol primordial. Este enfoque ha mostrado muchos problemas. Hace tiempo se empezaron a investigar las numerosas violaciones de derechos cometidas en el marco de la “guerra contra las drogas”, al tiempo que el tráfico y consumo de drogas no han dejado de crecer.
Pero ¿qué pasa con las violaciones a los derechos humanos que son resultado de estas mismas políticas? El CELS fue una de las primeras organizaciones de derechos humanos en denunciar la situación en América Latina en el sistema internacional. Detenciones a consumidores, encarcelamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad por microtráfico, internaciones forzadas e intervenciones cuasi militares en barrios pobres. Este año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias condujo una investigación sobre detenciones arbitrarias relacionadas con las políticas de drogas, que se presentó ante el Consejo para debatir sus resultados con los estados miembros de ONU.
— “Fortaleciendo el rol del sistema de ONU en las políticas de drogas: El caso de las detenciones arbitrarias”: El 2 julio se realizó un evento paralelo a la sesión del consejo, coorganizado con las delegaciones de Suiza, Francia, Portugal, Albania, Grecia, Paraguay y Uruguay y también con varias organizaciones internacionales: PRI, HRI e IDPC.
Se escucharon las voces de personas afectadas directamente por las políticas punitivas: Yatie Jonet, una mujer, madre y usuaria de drogas en Malasia, que fue internada contra su voluntad en centros de rehabilitación. Y Claudia Cardona, activista colombiana que fue encarcelada por un delito menor de drogas, y que ha dedicado su experiencia a luchar contra la injusticia del encarcelamiento de mujeres.
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La represión y el uso de la fuerza frente a la protesta social
La pandemia de Covid-19 ha provocado el aumento de la desigualdad en numerosos países. Las áreas marginadas, pueblos indígenas y minorías raciales fueron afectadas de manera diferencial por la pandemia y en muchos casos registraron tasas de muerte superiores al resto de la sociedad. En medio de la crisis de salud, en muchos lugares estallaron protestas sociales masivas, como las protestas antirracistas, o las movilizaciones masivas como las del Paro Nacional en Colombia. Las respuestas de los Estados, en muchos de estos casos, fue violenta y represiva: 17 mil detenides en las dos semanas que siguieron al asesinato de Geoge Floyd en EEUU, más de 1600 víctimas de violencia policial en Colombia, más de 80 con lesiones oculares por balas de goma.
El Consejo debe proveer a los Estados con recomendaciones y guías para un manejo democrático de la protesta, sobre todo en tiempos de crisis. También, las organizaciones sociales de países como Estados Unidos y Colombia están exigiendo la sanción de los responsables por estos hechos de violencia. El CELS, junto con las otras 14 organizaciones que componen la red INCLO, realizó un seguimiento de las respuestas de los estados durante la pandemia, y también de las herramientas y estrategias desarrolladas por las organizaciones sociales para atravesar estas difíciles circunstancias.
— “Protesta Social – el uso de la fuerza estatal en el contexto de la pandemia de COVID-19”: El 5 de julio se realizó un evento paralelo donde participó el Relator Especial de ONU para temas de protesta y donde el CELS presentó las principales Respuestas estatales a protestas durante Covid, con referencias a Colombia, y los sucesos recientes en nuestra región.
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