El 2 de septiembre, cuatro mujeres murieron en el incendio de una comisaría en Tucumán, durante una protesta en la que exigían ser trasladadas a unidades penitenciarias. María José Saravia (25 años), Macarena Salinas (22), Micaela Mendoza (22) y Yanet Santillán (23) estaban presas y alojadas de manera permanente en la Brigada Femenina de Concepción, porque el sistema penitenciario provincial no tiene lugar.
En la tarde del jueves pasado, las mujeres alojadas en esa comisaría comenzaron una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado a una cárcel. En ese momento comenzó el incendio que se propagó rápidamente. Les vecines alertaron al cuerpo de Bomberos pero, según la versión oficial, el personal policial no pudo sofocar el fuego ni ingresar a los calabozos a socorrer a las víctimas.
Los poderes ejecutivo y judicial de Tucumán deben adoptar todas las medidas necesarias para investigar con celeridad y en profundidad los hechos, esclarecer las denuncias de torturas y maltrato, determinar las circunstancias en las que murieron y sancionar a les responsables.
Al igual que ocurrió en marzo de 2017 en una comisaría de Pergamino, donde murieron siete personas, y un año después en Esteban Echeverría, donde perdieron la vida otras ocho; la sobrepoblación carcelaria y el alojamiento permanente de personas en comisarías tuvo resultados mortales.
Tucumán ni siquiera cuenta con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que controle los lugares de detención y aporte alternativas eficaces para prevenir que hechos como estos se repitan.
En 2015, luego de un hecho similar ocurrido en un calabozo sobrepoblado de Yerba Buena en el que murieron dos personas, el CELS se presentó como amicus en un habeas corpus colectivo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El máximo tribunal tomó algunos de los argumentos planteados por el CELS y exhortó al Ejecutivo a realizar obras edilicias en todos los lugares de detención. También prohibió el alojamiento de personas en sitios que no reúnan las condiciones mínimas. Las sentencias fueron incumplidas por el gobierno tucumano.
La práctica de alojar personas de forma permanente en dependencias policiales debe terminar en todo el país ya que implica una violación de derechos humanos. Esto resulta especialmente grave en el caso de las mujeres, ya que se restringe el contacto con sus hijes y son sometidas a humillaciones y tratos violentos en razón de su género.