La Policía de la Ciudad desalojó esta mañana a más de 100 familias, la mayoría formadas por mujeres y sus hijes, que desde julio vivían sobre unos terrenos baldíos en la zona conocida como “La Containera” en la villa 31. En un operativo sin previo aviso, que incluyó topadoras, tiraron abajo las precarias casillas que se habían construido porque no podían seguir pagando el alquiler o escapaban de la violencia machista. El desalojo y la violencia policial impactan de manera diferencial sobre las mujeres jefas de hogar que necesitan de la red comunitaria para poder salir a trabajar y que, a su vez, sus hijes estén cuidades.
Desde que comenzó la toma, hace ya tres meses, el Gobierno de la Ciudad se negó a crear la mesa de diálogo que pedían las familias para encontrar una solución al conflicto. Hoy, les ofrecen un parador para pasar la noche y un subsidio habitacional que otorga un máximo de 13 mil pesos por familia y por un tiempo limitado. Ese monto no alcanza ni para alquilar una pieza. De esta manera, el Gobierno se desentiende de la situación de 100 familias, la mayoría sostenidas por mujeres, que se quedaron en la calle.
El operativo policial de esta mañana fue violento y desmedido, no tuvo en cuenta la presencia de niñes ni factores de riesgo como el uso de garrafas en algunas casas. De hecho, durante el desalojo se registró la explosión de una garrafa como consecuencia de la actuación policial descuidada.
Luego de recoger testimonios en el lugar, denunciamos ante la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 11 el uso de la fuerza policial que puso en riesgo la integridad física de las personas que allí se encontraban, en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes estaban organizándose para ir a la escuela cuando se desató una violencia desproporcionada. Varias mujeres relataron que policías apuntaron con escopetas a sus niñes durante el operativo. No se tomaron en cuenta los recaudos más básicos para evitar que la actuación policial sume más violencia a una situación de por sí ya muy grave.
Además, la policía no brindó tiempo y oportunidad para retirar pertenencias de primera necesidad -por el contrario, las destruyó- y le dio prioridad a la sorpresa y a un operativo rápido, en lugar de garantizar mínimos cuidados sobre un conjunto de personas que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la intervención policial.
Se incumplieron distintas normas que regulan la realización de un operativo de desalojo para reducir los riesgos, en particular, sobre mujeres, niñes y adultes mayores, como la Observación General 4 y 7 del Comité de DESC, o incluso el Protocolo de actuación ante casos de usurpación del Ministerio Público Fiscal del año 2008, con los ajustes señalados por el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, ambas de CABA.
Derecho a una vivienda digna
El lugar donde se instalaron las familias es un terreno baldío, propiedad de la Ciudad. Estaba abandonado, con escombros, sin uso. No existía ninguna urgencia en recuperar esas tierras. Mientras la situación habitacional en la Ciudad es crítica -en los últimos dos meses hubo dos tomas de tierras, la de la villa 31 y otra en la 21- el Gobierno porteño vende cientos de hectáreas de tierras fiscales a desarrolladores privados para la construcción de torres que, por lo general, quedan vacías.
En la villa 31 el proceso de urbanización no ha mejorado la situación habitacional de les vecines. Quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad constructiva de las viviendas, que tienen problemas de filtraciones, fisuras en las paredes, falta de agua caliente, entre otros. Además, no existe ninguna perspectiva de mejora habitacional para quienes habitan en el barrio. El Gobierno de la Ciudad sólo ha avanzado con mejoras superficiales y no existe ningún proyecto para urbanizar los sectores de viviendas históricas del barrio. En contraposición, avanza con medidas tendientes a otorgar títulos de propiedad, sin considerar la situación material de las viviendas. La titulación permitiría a les vecines vender sus viviendas y habilitar el avance del mercado inmobiliario. En este objetivo se inscribe la reciente aprobación de la modificación de la ley de catastro, que flexibiliza los requisitos para formalizar parcelas en los barrios populares. Esta prioridad del gobierno de la ciudad, además, excluye a les inquilines.
Durante el desalojo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad argumentó que en el predio ocupado tienen proyectado construir una escuela. Sin embargo, no mostró ningún plan de obra, ni su inclusión en el presupuesto 2021. Las familias que viven en la zona tampoco estaban enteradas a pesar de que la falta de vacantes es una problemática que viene siendo denunciada desde hace años en la villa 31.